El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció la conformación de una comisión accidental que se encargará de verificar en terreno los alcances del memorando de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela para establecer una zona binacional de cooperación en la frontera.

Según el legislador liberal, el documento genera serias dudas sobre su contenido, su propósito y los efectos que podría tener sobre la soberanía nacional, la seguridad y la economía regional.

La decisión se da luego de que sectores políticos, especialmente de oposición, cuestionaran la naturaleza del acuerdo firmado recientemente entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. García calificó de “profundamente preocupante” el texto, señalando que fue negociado “de manera opaca, sin conocimiento del Congreso ni de la ciudadanía”, en medio de un contexto electoral y con implicaciones delicadas para el país.

En su pronunciamiento, el presidente del Senado subrayó que la falta de claridad del memorando en materia económica y de seguridad, así como su firma con un régimen “cuestionado por la comunidad internacional”, obliga a que el Congreso ejerza una “estricta vigilancia institucional”. Agregó que “Colombia no puede permitir que, bajo la apariencia de cooperación, se abran las puertas a dinámicas que pongan en riesgo nuestras instituciones, nuestra economía y la vida de nuestros ciudadanos”.

La comisión accidental estará integrada por congresistas de varias bancadas y tendrá como tarea dialogar con los funcionarios responsables del proceso, visitar la zona de frontera y elaborar un informe sobre los eventuales impactos que tendría la implementación de la zona binacional.

De forma paralela, la Comisión Primera del Senado ya recibió citaciones para varios debates de control político dirigidos a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a la ministra de Comercio, Diana Morales. Los senadores Alejandro Chacón y Alfredo Deluque buscan esclarecer si el acuerdo compromete la soberanía del país y si se han previsto mecanismos eficaces para impedir que actores ilegales se aprovechen del nuevo marco de cooperación.

El gobierno nacional, por su parte, ha defendido el memorando, indicando que su propósito es fortalecer la atención en salud y educación, promover el intercambio agroalimentario, y avanzar en proyectos culturales, turísticos y comerciales. En respuesta a las críticas, voceros del Ejecutivo aclararon que el acuerdo no contempla cesión territorial ni condicionamientos sobre decisiones soberanas, y que su implementación estará sujeta a la legislación interna de ambos países.

No obstante, los cuestionamientos no ceden. La controversia crece en medio de una reactivación de relaciones diplomáticas con Venezuela que ha estado marcada por la desconfianza de varios sectores, que insisten en que la cooperación binacional no puede convertirse en una puerta abierta para estructuras criminales ni en un pretexto para legitimar al régimen de Maduro.