En una decisión sin precedentes, la jueza 44 penal del circuito con funciones de conocimiento, Sandra Liliana Heredia Aranda, ha condenado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno de testigos en actuación penal, y fraude procesal.

La histórica sentencia convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente por la justicia ordinaria, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de las élites políticas. La jueza encontró probado que Uribe intentó manipular testigos para desacreditar al senador Iván Cepeda, quien lo había señalado por presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Un proceso de 13 años que sacudió los cimientos del poder

Todo comenzó en 2012, cuando Uribe, entonces senador, denunció a Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos desde las cárceles para vincularlo con la creación del Bloque Metro, una estructura paramilitar activa en Antioquia en los años 90.

Pero en febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra el propio Uribe, al detectar que era él —y no su contradictor— quien estaba detrás de presiones indebidas a reclusos como Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave.

El caso se trasladó a la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado tras haber sido enviado a detención domiciliaria por orden de la Corte. Pasó 67 días privado de la libertad en su finca El Ubérrimo (Córdoba), antes de ser liberado por una jueza de garantías que consideró improcedente la medida en el nuevo escenario jurídico.

Los intentos de preclusión y reactivación del juicio

Durante tres años, bajo la dirección del fiscal general Francisco Barbosa, la Fiscalía intentó sin éxito cerrar el caso. Dos fiscales delegados solicitaron la preclusión del proceso en 2021 y 2022, argumentando que no existían pruebas contundentes contra Uribe.

Sin embargo, tres jueces y el Tribunal Superior de Bogotá negaron esa posibilidad, argumentando que las evidencias reunidas por la Corte Suprema —incluidas interceptaciones telefónicas, declaraciones juradas y visitas registradas a cárceles— eran suficientes para continuar.

Fue en abril de 2024, bajo la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, cuando el juicio tomó nuevo impulso. La fiscal Marlenne Orjuela, con base en el expediente de más de 27.000 folios, presentó el escrito de acusación y dio inicio al juicio oral el 6 de febrero de 2025. Tras 67 sesiones de juicio, el proceso incluyó la participación de 37 testigos de la Fiscalía y más de 70 de la defensa, además de peritos, abogados y víctimas acreditadas.

El testimonio más comprometedor fue el de Juan Guillermo Monsalve, quien afirmó que Uribe y su hermano Santiago habían fundado el Bloque Metro. Según la Fiscalía, se comprobó que el abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreció dinero y beneficios jurídicos a Monsalve y otros reclusos para que modificaran sus declaraciones.

A pesar de la defensa férrea de Jaime Granados, abogado de Uribe, y del pedido de absolución formulado por el procurador delegado Bladimir Cuadro, la jueza Heredia consideró que la prueba era “abrumadora”.

¿Qué sigue ahora?

El fallo de hoy no es definitivo. El equipo legal de Uribe puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, recurrir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, última instancia del proceso. Sin embargo, la condena marca un precedente imborrable en la historia política del país.

Álvaro Uribe no es solo un expresidente. Es una figura que dominó la política durante más de dos décadas, mentor de dos presidentes —Juan Manuel Santos e Iván Duque —, símbolo de la “seguridad democrática” y fundador de uno de los movimientos políticos más influyente de las últimas generaciones de Colombia.

El impacto de esta decisión judicial podría alterar el rumbo de las elecciones presidenciales de 2026, debilitar la candidatura de sectores conservadores y empoderar nuevas fuerzas políticas. Aunque el proceso aún continúa, el fallo de este 28 de julio ya marca un punto de inflexión para el país.