El Gobierno Nacional anunció que radicará el próximo 11 de agosto un proyecto de ley con el que busca modificar la fórmula tarifaria y aliviar los costos que pagan los usuarios en todo el país, especialmente en la región Caribe.

La iniciativa será presentada por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y pretende responder a los constantes reclamos ciudadanos por el alto precio del servicio eléctrico. Además de reducir las tarifas, el proyecto también busca garantizar la sostenibilidad financiera del sector y establecer un equilibrio entre generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores.

El Gobierno señaló que el documento incluye medidas complementarias para mejorar la calidad del servicio y proteger a los usuarios. Según el Ministerio, la propuesta fue construida luego de mesas técnicas con distintos actores del sector, lo que permitió alcanzar un consenso técnico previo a su radicación.

La presentación del proyecto coincidirá con el inicio de una nueva legislatura en el Congreso, y será una prueba clave para medir el respaldo político a esta apuesta en un contexto marcado por el alto costo de vida y el malestar ciudadano frente a los servicios públicos.

El anuncio del proyecto llega en medio de una creciente preocupación por el estrecho margen entre oferta y demanda de energía. Proyecciones de XM y la UPME advierten que, en condiciones críticas como una sequía, el país podría no tener suficiente energía firme para cubrir la demanda entre 2024 y 2025.

A esto se suman los recientes topes impuestos por el Gobierno a los precios de la energía en bolsa, que buscaban impedir que fuentes más baratas como la hídrica o solar se pagaran a tarifas infladas. Aunque la medida ya está en marcha, su aplicación inicial es voluntaria y dependerá de cada generador.

Algunos gremios, como Asoenergía y CEERA, han advertido que estas decisiones pueden tener efectos no deseados, como desincentivar contratos de largo plazo o comprometer la viabilidad financiera de proyectos solares y eólicos. La Asociación de Energías Renovables (SER Colombia) incluso advirtió que el nuevo esquema pone en riesgo la financiación de iniciativas claves para la transición energética.

De acuerdo con estimaciones del sector, Colombia necesita entre 10 y 15 billones de pesos anuales en inversión para atender el crecimiento de la demanda hasta 2028. Retrasos en obras de generación y transmisión, así como tensiones entre el Gobierno y el sector privado, podrían afectar la seguridad del sistema en los próximos años.

Por eso, mientras el Ejecutivo avanza con su proyecto para aliviar los bolsillos de los usuarios, los expertos insisten en que la única forma de garantizar tarifas sostenibles es acelerar la inversión, ampliar la oferta y garantizar reglas claras para todos los actores del mercado.