El Gobierno colombiano envió una enérgica nota de protesta a Ecuador luego de que ese país iniciara la deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad sin previo acuerdo ni protocolos definidos. La Cancillería calificó el hecho como un “gesto inamistoso” y advirtió que evalúa acciones para evitar nuevas arbitrariedades.

Según el comunicado oficial, Ecuador empezó este viernes la repatriación de colombianos que cumplen condena en cárceles ecuatorianas, pese a que Colombia había solicitado establecer mecanismos conjuntos que garantizaran traslados seguros, con pleno respeto por los derechos humanos y en condiciones dignas.

“El Gobierno del Ecuador, de manera unilateral, ha dado inicio al proceso de deportación, desatendiendo nuestras reiteradas solicitudes para acordar un protocolo que permitiera la plena identificación de los ciudadanos deportados y la verificación de su situación jurídica”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La decisión ecuatoriana se enmarca en el decreto firmado en enero por el presidente Daniel Noboa, que permite deportar a presos extranjeros como parte de su estrategia para descongestionar las prisiones y enfrentar la grave crisis de seguridad que vive el país. No obstante, Bogotá reclamó que se trata de una medida que viola principios básicos del derecho internacional, al ejecutarse sin coordinación ni garantías mínimas.

Aunque aún no hay un número oficial por parte del gobierno colombiano, medios ecuatorianos estiman que la medida podría afectar a cerca de 800 connacionales. Algunos de ellos han sido condenados por delitos graves como narcotráfico, homicidio y terrorismo, y no habrían cumplido aún la mitad de sus penas, lo cual también genera preocupaciones jurídicas en Colombia.

En febrero, Noboa propuso formalmente que Colombia se hiciera cargo de cerca de 1.500 presos de nacionalidad colombiana. Sin embargo, el Gobierno colombiano insistió en la necesidad de establecer criterios claros antes de cualquier traslado. Pese a ello, Ecuador avanzó con las deportaciones.

Colombia reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no aceptará procedimientos que vulneren los derechos de sus ciudadanos. Por ahora, la Cancillería se encuentra “evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades”.