La firma del reciente acuerdo entre Colombia y Venezuela provocó una fuerte polémica en el Congreso. El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, citó a los ministros de Comercio, Defensa y Relaciones Exteriores a un debate de control político para que expliquen los alcances del tratado y detallen su marco legal.

La sesión se realizará en la Comisión Segunda del Senado y contará con la presencia de la ministra de Comercio, Diana Morales; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y la canciller encargada, Rosa Villavicencio. Echeverry cuestionó que se haya pactado con “un gobierno ilegítimamente elegido”, en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, y pidió esclarecer los riesgos del acuerdo, así como su impacto social, económico y político sobre las regiones fronterizas involucradas.

“Queremos saber cuál es el cartograma acordado y qué responsabilidades asume el Estado colombiano. Esta decisión puede tener consecuencias profundas”, advirtió el senador.

La controversia aumentó con la intervención de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien criticó duramente el convenio y afirmó que permitiría la injerencia del régimen venezolano en territorio nacional. “No se puede aceptar que Colombia quede en manos de un dictador, narcotraficante y delincuente”, declaró

Sin embargo, desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro Toro defendió el acuerdo y lo calificó como una oportunidad para fortalecer el desarrollo en la frontera. Aclaró que la zona binacional solo contempla cooperación en comercio, transporte y energía, sin incluir aspectos militares.

“Este es un paso hacia el progreso de regiones como Norte de Santander y La Guajira. Es un acuerdo técnico, no político ni bélico”, explicó Toro.

Además, el representante José Jaime Uscátegui, también del Centro Democrático, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para revisar la viabilidad del tratado.

La zona binacional incluiría los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Uno de los puntos más sensibles es la propuesta de coordinación entre fuerzas policiales y militares de ambos países, que ha despertado preocupación entre sectores de oposición.