A 72 horas de conocerse el fallo en su contra por presunta manipulación de testigos, el expresidente Álvaro Uribe denunció una persecución judicial y política que, según él, ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. En su cuenta de X, el líder del Centro Democrático publicó dos mensajes con fuertes señalamientos sobre el proceso que enfrenta y sus implicaciones políticas.

“Dice el petrismo: si las cosas nos salen como esperamos y condenan a Uribe, Cepeda es nuestro candidato”, escribió el exmandatario, en referencia a una supuesta intención del Gobierno de capitalizar políticamente el fallo. Cepeda, uno de los protagonistas del caso y denunciante original, sería, según Uribe, la carta presidencial del sector oficialista si el fallo resulta condenatorio.

El expresidente también aseguró que fue víctima de interceptaciones ilegales por parte de la Corte Suprema de Justicia. “Ordenaron interceptar el teléfono de un parlamentario diferente pero pasaron mi número telefónico. Se accedieron a más de 20.000 comunicaciones, incluso con mi abogado, violando el derecho a la defensa”, denunció.

Otro de los puntos más delicados de su pronunciamiento fue la acusación directa contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de haber ejercido presión sobre el sistema judicial. “Ha negado haberse referido como presidente a este juicio contra mí. Sin embargo, se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el tema”, indicó Uribe.

El exmandatario también reiteró que el proceso en su contra fue manejado con parcialidad desde su origen. Recordó que en 2018, la Corte Suprema abrió un caso en su contra de forma secreta y le negó a su defensa información clave sobre las actuaciones judiciales. Además, cuestionó la imparcialidad del magistrado César Reyes, quien lideró su caso. Según Uribe, Reyes debió declararse impedido por haber sido contratista del gobierno Santos y por tener vínculos laborales con la esposa del senador Cepeda.

Uribe añadió que tanto dos fiscales del anterior gobierno como cuatro procuradores han coincidido en que no existen pruebas para condenarlo y que, por lo tanto, el caso debía precluir. Además, mencionó al actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, como una de las figuras que, desde su paso por la Fiscalía General, ha impulsado acciones judiciales en su contra, incluyendo la detención de su hermano Santiago Uribe, quien fue absuelto en primera instancia.

El fallo de este proceso, previsto para el lunes 28 de julio, marcará un hito en la historia política y judicial del país. Analistas coinciden en que su impacto podría redefinir el mapa político de cara a las elecciones de 2026, activando o debilitando las campañas de los sectores enfrentados.