Con la firma del presidente Gustavo Petro, entró en vigor la nueva Ley de Encuestas, una norma que redefine cómo se elaboran, publican y controlan los estudios de opinión e intención de voto en el país. Su entrada en vigencia, a menos de un año de las presidenciales, marca un giro regulatorio que ha encendido alarmas en diversos sectores por sus posibles impactos en la libertad de información.

La ley prohíbe divulgar encuestas electorales antes de los tres meses previos al inicio de inscripciones de candidaturas y exige que, una vez cerradas las inscripciones, toda medición incluya a todos los aspirantes oficiales. Solo podrán publicar resultados las firmas registradas ante el CNE, que deberán conservar durante dos años los cuestionarios, grabaciones, ficheros de datos y el código computacional utilizado.

Además, se crea una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas, conformada por cinco expertos en estadística, que tendrá la tarea de auditar la calidad de los estudios. Las firmas que incumplan podrán enfrentar sanciones civiles y penales. Los medios, por su parte, estarán obligados a rectificar en un máximo de tres días si se detectan errores sustanciales en los resultados publicados.

Aunque fue impulsada por más de 20 congresistas de distintas bancadas —entre ellos Clara López, Angélica Lozano, Paloma Valencia y Juan Sebastián Gómez— y contó con apoyo técnico de académicos, la iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE). Su directora, Alejandra Barrios, advirtió que la ley podría vulnerar el derecho ciudadano a estar informado: “Las encuestas sí influyen en la opinión pública, pero no se puede restringir la información producida por las encuestadoras”.

También desde el sector empresarial llegaron críticas. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que limitar la publicación de encuestas “afecta considerablemente la democracia”, al impedir que los ciudadanos accedan a herramientas clave para una toma de decisiones informada.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno respaldó la ley pese a los reparos, señalando que busca fortalecer la vigilancia del CNE y garantizar mayor rigor técnico en los estudios. Sin embargo, su aprobación en las últimas horas de la legislatura, casi sin mayor debate público, alimenta la polémica.