El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas sobre el acuerdo binacional con Venezuela, asegurando que no se compromete la soberanía nacional y que “ningún soldado venezolano pasará a Colombia”, en alusión a los cuestionamientos planteados por el senador David Luna.

La polémica por el acuerdo binacional firmado entre Colombia y Venezuela escaló este jueves, luego de que el senador David Luna, del partido Cambio Radical, encendiera las alarmas en sus redes sociales. El congresista exigió explicaciones al Gobierno sobre los alcances del memorando de entendimiento firmado el pasado 21 de julio en Caracas, y pidió que el presidente Gustavo Petro convoque de forma urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

“Estamos ante un posible pacto de cesión de soberanía. El país debe saber si el Gobierno permitirá el ingreso de tropas extranjeras en nuestro territorio”, escribió Luna, cuestionando si el acuerdo podría facilitar presencia militar venezolana en suelo colombiano bajo la figura de una zona binacional.

Las declaraciones del senador se suman a las preocupaciones expresadas por otros sectores de la oposición, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, quien calificó el acuerdo como una “entrega de la soberanía de la patria”. Según Uribe, la zona binacional podría abrirle paso al crimen organizado y al control de actores ilegales en la frontera, bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro.

Frente a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro respondió directamente a través de su cuenta en X. “Ningún soldado venezolano pasará a Colombia”, afirmó. Petro negó que el memorando implique presencia militar conjunta o cesión de soberanía, y explicó que se trata de un acuerdo de cooperación en temas migratorios, de seguridad y comercio, con el objetivo de “ordenar una frontera desordenada por años”.

El mandatario también enfatizó que, lejos de entregarle territorio a Venezuela, lo que busca su gobierno es institucionalizar la frontera para combatir de manera más efectiva fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, que afectan gravemente a las comunidades de ambos lados.

Sin embargo, los cuestionamientos persisten. Algunos congresistas han solicitado que el texto completo del memorando sea publicado para verificar su contenido y confirmar si existen o no cláusulas que comprometan la soberanía nacional.

Hasta ahora, la Cancillería no ha emitido un comunicado oficial detallando los alcances jurídicos del acuerdo. Mientras tanto, sectores del Congreso siguen exigiendo transparencia y advierten que cualquier cooperación bilateral debe ser revisada bajo la lupa del respeto a la Constitución y la integridad territorial.