El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cristian Avendaño, volvió a radicar un proyecto de ley que busca ponerle freno a los llamados “contrataderos”, entidades públicas que, según denuncia, sirven como plataformas para prácticas sistemáticas de corrupción en la contratación estatal.

Esta es la cuarta vez que la iniciativa llega al Congreso, y aunque ha sido archivada en todas las ocasiones anteriores sin ser debatida, Avendaño insiste en que la lucha contra los clanes políticos y la corrupción no se puede dar por perdida. “Cada semana aparecen nuevos escándalos, redes ilegales y contratos inflados. Este proyecto va a la raíz del problema”, declaró.

El objetivo principal del proyecto es ejercer control sobre los convenios interadministrativos, un mecanismo que ha sido utilizado por algunas administraciones para asignar contratos sin licitación, evitando procesos públicos y transparentes. La propuesta busca fijar reglas claras para las entidades que no se rigen por el Estatuto General de Contratación, con el fin de evitar la contratación directa disfrazada de legalidad.

Una de las medidas más destacadas del articulado es la inhabilidad por cinco años para contratar con el Estado a personas o empresas responsables de colusión o fraude entre licitantes, una sanción que se activaría tras fallos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio o por la justicia penal.

Además, se contempla la imposición de límites estrictos a la subcontratación, la obligatoriedad de mecanismos de rendición de cuentas, y la publicación detallada de convenios y sus ejecutores. “Esto no es un ataque a la descentralización, es un freno a la corrupción que se esconde detrás de ese discurso”, aclaró el congresista.

Como ejemplo de los casos que busca evitar, Avendaño citó una denuncia sobre contratos por más de $5.000 millones destinados a ayuda humanitaria para damnificados por la ola invernal, donde los precios habrían sido inflados de forma escandalosa.

El proyecto comenzará su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara. Sin embargo, su historial en el Congreso lo enfrenta a un nuevo reto: superar la indiferencia legislativa que lo ha sepultado en los últimos periodos.