El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una fuerte crítica al acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para establecer una zona binacional en la frontera. A través de un video difundido en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que esta iniciativa representa una “entrega de la soberanía de la patria” y advirtió que favorece directamente al crimen organizado.

“La zona binacional entrega la soberanía de la patria. Una zona que le han entregado al dominio del terrorismo, del narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro”, declaró Uribe, quien ha sido uno de los principales opositores a la política exterior del actual presidente Gustavo Petro. A su juicio, este paso se traduce en una cesión del control territorial a estructuras ilegales con respaldo del régimen venezolano.

El líder del Centro Democrático hizo un llamado explícito a quien resulte electo en las elecciones presidenciales de 2026 para que, desde el primer día de gobierno, se revierta este acuerdo. “Una de las primeras decisiones de un nuevo gobierno, que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante, es echar para atrás esta decisión, cancelar esa zona binacional”, afirmó.

Aunque el gobierno ha defendido la zona como un instrumento para mejorar la cooperación en temas de comercio, seguridad y migración entre ambos países, Uribe considera que se trata de una plataforma que facilitará la expansión del narcotráfico y la consolidación del control ilegal en puntos estratégicos de la frontera. También rechazó cualquier coordinación con las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como “dictadura”.

El pronunciamiento del expresidente se suma a las voces críticas de otros sectores opositores, quienes consideran que el acuerdo bilateral otorga facultades extra constitucionales al Gobierno venezolano en suelo colombiano. En contraste, el Pacto Histórico ha sostenido que esta zona responde a una estrategia de integración binacional para dinamizar la economía fronteriza y mejorar la seguridad regional.

La controversia se da en medio del restablecimiento progresivo de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas tras años de ruptura, un proceso que ha sido respaldado por el Ejecutivo pero que sigue generando resistencias en distintos sectores políticos del país.