La Corte Suprema de Justicia reconoció al presidente Gustavo Petro como víctima dentro del proceso penal contra Andrés Peñate, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta participación en el escándalo de interceptaciones ilegales contra políticos, magistrados y periodistas.

La decisión del alto tribunal también acredita como víctimas al periodista Daniel Coronell, al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y a seis exmagistrados de la Corte Suprema. Todos fueron blanco de actividades de inteligencia no autorizadas durante el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La solicitud para reconocer a Petro como víctima fue presentada por su abogado, Alejandro Carranza, quien argumentó que, siendo senador en esa época, su cliente fue objeto de vigilancia estatal que atentó contra su intimidad y su ejercicio político.

“El hecho de que el Estado hubiese utilizado sus instrumentos para afectarlo en sus derechos de intimidad y en su legítima acción política constituye un perjuicio y un daño”, afirmó Carranza ante la Sala Especial de Primera Instancia.

Según la acusación de la Fiscalía, Peñate integró una red criminal que desde el DAS ejecutó interceptaciones ilegales y recolección de información personal contra opositores, incluyendo a Petro, Coronell y los magistrados. Las acciones se habrían realizado bajo órdenes indirectas de funcionarios de la Presidencia.

Una operación sistemática y política

Las pruebas indican que desde 2005 hasta 2008 se desarrolló un plan de inteligencia que incluyó el uso de grabaciones ilegales, infiltración de la Corte Suprema y seguimientos a periodistas y congresistas. El objetivo: obtener información que favoreciera intereses políticos del gobierno de entonces.

En el caso de la Corte Suprema, incluso se instalaron grabadoras dentro de salas de deliberación para captar discusiones reservadas. La información recolectada habría sido compartida con funcionarios del Ejecutivo mediante informes disfrazados como documentos legales.

Este caso se suma a una serie de procesos judiciales derivados del escándalo del DAS. Exfuncionarios como María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno ya han sido condenados. La red de espionaje funcionaba desde una unidad conocida como G3, orientada a neutralizar a quienes eran considerados “enemigos internos”.

El juicio contra Andrés Peñate continúa en curso. La acreditación de víctimas permite a los afectados intervenir en el proceso, aportar pruebas y solicitar medidas de reparación.