El Ministerio de Igualdad y Equidad volvió a la agenda legislativa. Este lunes, el Gobierno nacional radicó en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de esta cartera, cuyo futuro quedó en entredicho tras el fallo de la Corte Constitucional que advirtió vicios en su creación.

Carlos Rosero, actual ministro de Igualdad y sucesor de Francia Márquez en ese cargo, lideró la presentación de la iniciativa con un mensaje enfático, “Es una necesidad profunda y muy sentida en los territorios y de muchos sectores populares que requieren mejorar sus condiciones de vida, cerrar las brechas de desigualdad”.

La propuesta busca que el Ministerio, creado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo se mantenga vigente sino que adquiera rango de política pública permanente, blindándolo ante posibles cambios de administración. Según Rosero, eliminar esta institución significaría frenar programas claves como Hambre Cero, SALVIA, redes de cuidado y Casas para la Dignidad, entre otros.

“El Ministerio nació para acompañar a las 14 poblaciones con especial protección y a los territorios históricamente excluidos. Cerrar nuestras puertas sería dar un paso atrás como sociedad”, aseguró el funcionario.

La Corte Constitucional dio plazo hasta 2026 para corregir los errores en el trámite del proyecto original. De no hacerlo, el Ministerio quedará automáticamente eliminado del organigrama estatal.

Pero la defensa del Ministerio llega en medio de una fuerte controversia interna. En el más reciente consejo de ministros, el presidente Petro lanzó críticas abiertas contra Rosero, reprochándole el retiro de funcionarios cercanos a su proyecto político. “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales. Le prometí a Florián que iba a ser viceministro”, afirmó el mandatario, en una declaración que desató un amplio debate público.

Ese episodio alimentó los rumores de un posible relevo en la cartera, que se sumaría a la lista de cambios que ha tenido el Gobierno en medio de sus remezones internos.

El proyecto será ahora discutido en el Congreso, donde deberá superar varios debates antes de convertirse en ley. Para el Gobierno, está en juego algo más que una estructura institucional: su promesa de saldar una deuda histórica con las poblaciones marginadas del país.