Un nuevo episodio de tensión política sacude al país tras una grave denuncia publicada por el periodista Gonzalo Guillén. Según fuentes de inteligencia citadas por Guillén, un grupo identificado como la “Junta del narcotráfico”, estaría planeando un atentado contra la vicepresidenta Francia Márquez, utilizando armamento de guerra de origen ruso, que ya habría ingresado al país y se encontraría ubicado en cercanías de la Casa de Nariño.

La información, de momento no confirmada oficialmente por autoridades, se da en un contexto de alta sensibilidad política y de creciente violencia en diversas regiones. De confirmarse, este sería uno de los intentos de magnicidio más graves en la historia reciente del país, con implicaciones directas no solo en la seguridad de los altos funcionarios del Gobierno, sino en la estabilidad institucional de cara al proceso electoral de 2026.

Riesgos de desestabilización

El eventual atentado contra la vicepresidenta Márquez, tendría implicaciones graves para la estabilidad institucional del país. La posibilidad de un crimen de esta magnitud, en medio del incremento de asesinatos de líderes sociales, el atentado a precandidato Miguel Uribe, y la intensificación de conflictos armados en diversas regiones, agravaría el clima de tensión política en vísperas del ciclo electoral de 2026, donde distintos sectores ya alertan sobre los riesgos de una mayor polarización.

La vicepresidenta representa, para ciertos sectores, una figura disruptiva y simbólicamente poderosa. Su perfil la convierte en blanco no solo de estructuras ilegales como el narcotráfico o la minería criminal, sino también de actores políticos que perciben su creciente legitimidad como una amenaza directa a sus intereses.

Aunque el país ha sufrido históricamente amenazas contra figuras públicas, el caso de Francia Márquez tiene características particulares. Su presencia en el poder desafía los moldes tradicionales de representación política. Mujer, negra, proveniente de una región históricamente marginada, y sin nexos con las élites políticas tradicionales. A diferencia de otros miembros del Gobierno, Márquez no representa exclusivamente a la izquierda convencional, sino a sectores profundamente excluidos del poder durante décadas.

Esta singularidad ha multiplicado los factores de riesgo. Desde su llegada al cargo, ha denunciado corrupción interna, ha sido crítica con decisiones dentro del Ejecutivo y ha mantenido una postura firme frente a economías ilegales como la minería y el narcotráfico, enfrentándose a estructuras que históricamente han respondido con violencia a quienes los desafían.

Además, su figura ha sido instrumentalizada —tanto por simpatizantes como por detractores— en debates ideológicos, étnicos y de clase. Ha ocupado un espacio que incomoda doblemente: por su color de piel y por su género, en un sistema político aún dominado en gran medida por hombres blancos o mestizos.

Una trayectoria que incomoda

Francia Márquez es abogada, activista ambiental y defensora de derechos humanos. En 2018 recibió el prestigioso Premio Goldman por su lucha contra la minería ilegal en territorios afrocolombianos, y desde entonces ha sido una figura visible en escenarios internacionales. Su discurso, enfocado en la justicia social, ambiental y étnica, le ha ganado tanto reconocimiento como adversarios.

El actual episodio de amenaza no es el primero que enfrenta. A lo largo de su trayectoria ha sido blanco de múltiples intimidaciones, evidenciando el nivel de riesgo que conlleva su liderazgo. Su sola presencia en la vicepresidencia representa para algunos sectores un giro histórico en el poder, y para otros, una amenaza directa a privilegios e inequidades consolidadas.