La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, votó en contra del borrador del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia como parte de la política de “Paz Total” del Gobierno Petro. El texto, que propone un tratamiento penal diferenciado para miembros de grupos armados ilegales y estructuras criminales, no convenció al alto tribunal, que señaló graves deficiencias en su elaboración y falta de concertación con la rama judicial.

Durante la última sesión del Consejo Superior de Política Criminal, la magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala Penal, manifestó que el articulado “no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación”, considerando que se trata de un asunto de alta sensibilidad que requiere mayor consenso y análisis técnico. Además, advirtió que el proyecto asigna responsabilidades significativas a entidades como la Fiscalía y los jueces penales sin detallar el impacto fiscal o los recursos necesarios para su implementación.

Uno de los principales reparos fue la ausencia de coordinación institucional. Según la Corte, el Ministerio de Justicia no consultó previamente a la rama judicial sobre los desafíos administrativos y operativos del modelo propuesto. La magistrada también cuestionó la falta de justificación para crear un nuevo marco normativo, considerando que ya existe la Ley 2272 de 2022 que regula la política de Paz Total.

Otro punto crítico fue la intención de mezclar justicia transicional con temas de justicia ordinaria y seguridad ciudadana. El borrador incluye disposiciones sobre el tratamiento penal a personas procesadas por disturbios públicos o participación en protestas, lo que ha generado preocupación en distintos sectores al interpretarse como posibles beneficios para miembros de la llamada “primera línea”.

A pesar de este revés, el Ministerio de Justicia anunció que presentará la versión final del proyecto este domingo 20 de julio ante el Congreso de la República. La decisión de la Corte representa un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de construir una propuesta más sólida, dialogada y técnicamente fundamentada antes de avanzar en una reforma de tal envergadura.