El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, enviará este viernes a la Corte Constitucional el informe sobre la reforma pensional, documento indispensable para que el alto tribunal reanude el análisis jurídico del proyecto aprobado en sesiones extraordinarias.

La reforma había sido devuelta por la Corte a la Cámara a mediados de junio, tras advertir un vicio de procedimiento en la votación de una proposición sustitutiva. El 28 de junio, la plenaria volvió a aprobar el texto con 104 votos a favor y 9 en contra, cumpliendo así con el trámite exigido por el tribunal constitucional.

A lo largo de esta semana, distintos sectores del Gobierno nacional reclamaron celeridad en la entrega del informe, aunque los mensajes estuvieron dirigidos principalmente a la Corte. Uno de los más insistentes fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó la demora del alto tribunal al afirmar en X: “¿Por qué la Corte nos obliga a esta incertidumbre cuando la voluntad política está clara?”.

Desde la Cámara se explicó que el informe no estaba listo porque se requería una revisión detallada del proceso legislativo. La Secretaría General de la corporación ha trabajado en completar las actas y documentos necesarios, que respaldan la legalidad de la nueva votación. Según fuentes internas, no hubo presiones externas y el trámite pudo haberse realizado incluso después del 20 de julio, cuando se posesiona una nueva mesa directiva.

El documento que será enviado incluirá tres argumentos fundamentales: que la convocatoria fue válida con base en un decreto con fuerza constitucional; que el anuncio del proyecto se hizo con el quórum deliberatorio requerido; y que la plenaria se realizó bajo condiciones democráticas, con amplia participación y sin restricciones de tiempo.

Mientras tanto, sectores de la oposición como Cambio Radical y el Centro Democrático siguen insistiendo en que las sesiones extraordinarias fueron irregulares. La senadora María Fernanda Cabal y la representante Lina María Garrido han cuestionado la legalidad del procedimiento y el afán del Gobierno por sacar adelante la reforma.

La Corte tendrá ahora la responsabilidad de determinar si este nuevo trámite subsanó los errores detectados. Hasta entonces, la entrada en vigencia de la reforma permanece suspendida.