La divulgación de documentos oficiales por parte de la Embajada de Portugal en Bogotá, revelados por La W Radio, reconfigura por completo el ángulo desde el cual debe analizarse la crisis de los pasaportes en Colombia. Las comunicaciones diplomáticas mostradas en primicia por este medio, validan la actuación técnica y jurídica del exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo, y desmienten, de forma directa, el intento de la excanciller Laura Sarabia por trasladar la culpa a terceros.
Los nuevos documentos muestran que el acuerdo con la Imprenta Nacional Casa da Moeda (INCM), y su socia francesa IN Groupe, fue aprobado por el Gobierno portugués el 26 de febrero de 2025, con visitas técnicas en marzo y un cronograma estructurado que incluía proveedores y equipos prereservados. Murillo, en esencia, dejó andando una solución, actuando bajo circunstancias excepcionales.
Tras el colapso del contrato de pasaportes por irregularidades internas en la Cancillería, por cuenta de la gestión de Álvaro Leyva, el excanciller Murillo tuvo que declarar la urgencia manifiesta para dar continuidad al servicio de pasaportes, y evitar la suspensión del servicio, mientras se estructuraba el nuevo modelo. La Contraloría avaló la urgencia manifiesta, en su Resolución 006 de 2024, y junto a la Procuraduría, acompañó la implementación del modelo del excanciller Murillo, desde octubre de 2024, como consta en las mesas técnicas conjuntas con la Procuraduría. Por lo tanto, fue una respuesta legítima a una emergencia institucional, conforme al principio de continuidad del servicio público.
Pero ahora, frente a la tormenta política por el desabastecimiento de pasaportes, Laura Sarabia busca reescribir su historia. Luego de la revelación de La W, Sarabia reveló un oficio enviado el 7 de julio al procurador Gregorio Eljach, con el que intenta posicionarse como víctima de los tiempos diplomáticos, señalando que el retraso en la aprobación formal del memorando de entendimiento por parte del Gobierno portugués, impidió estructurar el contrato con la Imprenta Nacional. Es decir, ahora lanza la pelota hacia Lisboa. Sin embargo, el documento de La W confirma que en marzo de 2025 se iniciaron los trabajos técnicos y operativos con la delegación portuguesa, con cronograma y proveedores definidos, lo que evidencia que el acuerdo ya estaba en proceso de implementación.
En una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, fechada en junio de 2025, la Embajada de Portugal dejó en claro que las trabas para la producción de pasaportes no fueron responsabilidad europea, sino del propio Gobierno colombiano, específicamente de la Cancillería que dirigía Sarabia. Aunque reconocen un retraso de dos meses frente al cronograma ideal, afirman que desde marzo de 2025 hubo disponibilidad técnica y voluntad institucional para avanzar.
El problema, según Portugal, no fue el memorando, sino la decisión política del nuevo equipo ministerial, en cabeza de Sarabia, de suspender las mesas jurídicas y técnicas, congelar la firma del convenio y frenar el cronograma. Todo esto prueba que sí había voluntad y capacidad técnica para avanzar, y que fue la Cancillería colombiana (ya bajo la dirección de Sarabia) la que detuvo el proceso sin explicación pública.
Lo verdaderamente revelador es que el modelo estructurado por Luis Gilberto Murillo, por solicitud del presidente Petro, funcionaba. Tenía respaldo técnico, soporte jurídico y validación internacional. Fue Sarabia quien lo detuvo, por razones que siguen sin explicarse. ¿Falta de conocimiento técnico? ¿Motivos políticos?
Lo único claro es que mientras Murillo hizo su trabajo, Sarabia optó por entorpecerlo, lavarse las manos y buscar culpables, todo con tal de declarar una nueva urgencia manifiesta, y seguir prorrogando el contrato con Thomas Greg and Sons, pasando por encima de la directriz del primer mandatario. Así fue como creó una cortina argumentando errores del modelo. Y ahora, cuando la Procuraduría abre investigación, Laura intenta, con argumentos débiles, blindarse culpando a Portugal.
La línea de investigación de la Procuraduría debe concentrarse en el punto neurálgico del caso: ¿Por qué Laura Sarabia, teniendo en sus manos un modelo legal, viable y en marcha, con respaldo técnico nacional e internacional, decidió no ejecutarlo? ¿Por qué suspendió las mesas de trabajo? ¿Por qué frenó un convenio interadministrativo ya consensuado, y con eso, expuso al país a una nueva crisis institucional?
