A través de un comunicado oficial, la Corte Constitucional desmintió al presidente Gustavo Petro y negó de forma tajante la existencia de una estrategia para frenar la implementación de la reforma pensional, aprobada por el Congreso en 2024 y actualmente bajo revisión del alto tribunal.

El pronunciamiento fue firmado por el presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien respondió a las declaraciones emitidas por el jefe de Estado durante un evento público en Nariño. Allí, Petro afirmó que “volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma”, y sugirió que se estarían buscando maniobras dilatorias para impedir su entrada en vigencia.

“El ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, desmiente que esté detrás de alguna estrategia para hundir la reforma pensional”, señala el documento difundido este viernes por la Corte.

En su intervención, el presidente Petro también hizo referencia a la ponencia redactada por el magistrado Ibáñez, que inicialmente proponía declarar inconstitucional la reforma. Sin embargo, el pasado 17 de junio, la Sala Plena decidió no tumbar el proyecto, sino devolverlo al Congreso para que subsanara errores de trámite.

Según el comunicado de la Corte, ese fallo aún no ha sido finalizado ni firmado por todos los magistrados, por lo cual el proceso permanece suspendido. La firma del Auto 841 y la revisión del informe de subsanación enviado por la Cámara de Representantes están pendientes. Dicho informe, además, aún no ha sido recibido por la Corte.

“Por lo tanto, el proceso está suspendido hasta tanto se firme el Auto 841 y ulteriormente se analice y se revise el informe que la Cámara de Representantes aún no ha remitido”, precisó la Corte.

Asimismo, el alto tribunal desmintió versiones que indicaban que tres magistrados —Vladimir Fernández, Natalia Ángel y Miguel Polo— se habrían negado a firmar el auto. Fuentes de la Corte aclararon que esas afirmaciones no son ciertas y que la discusión se retomará formalmente en la Sala Plena del próximo 23 de julio.

Petro, por su parte, defendió la legalidad del trámite legislativo y reiteró que la reforma fue debidamente subsanada tras las observaciones de la Corte. El mandatario también sugirió que detrás de las objeciones habría intereses financieros de grandes grupos privados que se verían afectados por la entrada en vigencia del nuevo sistema pensional.

La decisión final sobre la validez del trámite legislativo recaerá en la Corte Constitucional, que deberá evaluar si el Congreso efectivamente corrigió los vicios señalados.