Trece partidos políticos enviaron este jueves una fuerte señal de inconformidad al anunciar su retiro de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, convocada por el Ministerio del Interior en Bogotá. La razón, la falta de garantías para el desarrollo de unas elecciones transparentes y la preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que puso en duda la legitimidad del proceso electoral de 2026.

En una carta conjunta, los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Mira, Colombia Justa Libres, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Salvación Nacional, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Colombia Renaciente afirmaron que no participarán del encuentro debido a lo que califican como “un ambiente de incertidumbre creado desde el mismo Ejecutivo”.

“Las recientes declaraciones del presidente de la República, cuestionando el sistema y el proceso electoral, y desconociendo el rol institucional que le corresponde como garante de la democracia, generan profunda preocupación sobre su verdadero compromiso con la transparencia electoral”, señala el documento firmado por los voceros de las colectividades.

La reacción se da luego de que el jefe de Estado escribiera en la red X. “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”. Una afirmación que ha sido interpretada por la oposición como un intento de deslegitimar anticipadamente los resultados electorales. Más aún, el presidente advirtió sobre el uso de un software en el sistema electoral que, según él, ya fue detectado por la justicia colombiana en un intento de fraude, aunque no presentó pruebas ni mencionó fallos judiciales concretos.

En ese contexto, los partidos exigieron al Gobierno “respeto irrestricto a la Constitución y a la independencia de los poderes públicos”, así como garantías plenas de orden público para candidatos y electores.

“La democracia colombiana merece garantías reales, no simulacros de coordinación que solo busquen legitimar procesos cuestionables”, agregaron, al tiempo que solicitaron a las misiones de observación electoral internacional adelantar su llegada al país.

La polémica surge en medio de la adjudicación de un contrato por $2,1 billones a la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons para la logística electoral de 2026. El mismo consorcio fue señalado por Petro como un riesgo para la transparencia de las elecciones, en medio del enfrentamiento que sostiene con la empresa también por el contrato de pasaportes.

La Comisión Nacional de Seguimiento Electoral es una instancia clave en la preparación de los procesos electorales. La ausencia de una parte significativa del espectro político plantea un desafío institucional de cara a los comicios de 2026, que ya comienzan a perfilarse bajo un ambiente de tensión.