Rosa Yolanda Villavicencio se posesionó este pasado miércoles 9 de julio como ministra de Relaciones Exteriores encargada, tras la renuncia de Laura Sarabia, quien dejó el cargo en medio de tensiones con la Casa de Nariño por el manejo del contrato de pasaportes. La ceremonia se llevó a cabo en la sede presidencial con la participación de Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro.

El encargo fue oficializado por la Presidencia mientras se define si Villavicencio se convertirá en la cuarta persona en liderar la Cancillería durante el actual Gobierno. Por ahora, continuará ejerciendo también como vicecanciller, función que desempeña desde el pasado 6 de junio.

Según informó la Presidencia, su tarea inmediata será dar continuidad a la política exterior orientada a la paz, la integración regional y la justicia global, pero también deberá avanzar en la implementación del nuevo modelo para la expedición de pasaportes, punto neurálgico de la crisis que provocó la salida de Sarabia.

Villavicencio ha estado involucrada en las recientes reuniones técnicas sobre este tema, incluida la que se realizó el martes en la Casa de Nariño con funcionarios de la Imprenta Nacional, que asumiría el nuevo modelo junto a la Casa de la Moneda de Portugal. La ahora canciller encargada deberá articular los aspectos logísticos y diplomáticos para poner en marcha el sistema antes del 31 de agosto, cuando vence el actual contrato.

Economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio tiene especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Migración y Relaciones Intercomunitarias. Su perfil técnico y trayectoria en asuntos internacionales fueron claves para que el Gobierno decidiera su encargo en este momento de transición.

El cambio ocurre en medio de tensiones diplomáticas y presiones internas por la gestión del servicio consular, particularmente tras los señalamientos del presidente Petro sobre presuntos intereses privados en los contratos públicos.