La controversia por la organización de las elecciones presidenciales de 2026 volvió a escalar este miércoles, luego de que el presidente Gustavo Petro respondiera a las acusaciones que sugieren una supuesta intención de aplazar los comicios. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario calificó como “máxima estupidez humana” la idea de que su Gobierno pretenda alterar el calendario electoral.

“Yo no quiero aplazar elecciones”, aseguró Petro en su respuesta al concejal bogotano Daniel Briceño, quien lo había acusado directamente de querer extender su mandato. En su réplica, el jefe de Estado insistió en su preocupación por el papel que tendrá el operador privado Thomas Greg & Sons en el proceso electoral: “Traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”.

El pronunciamiento se da un día después de que la Registraduría Nacional adjudicara oficialmente el contrato para la logística de las elecciones de 2026 a la unión temporal Integración Logística Electoral 2026, integrada en su mayoría por empresas del grupo Thomas Greg. Este contrato, por más de 2 billones de pesos, incluye el suministro de software de preconteo, consolidación de resultados preliminares, producción de kits electorales, pruebas funcionales y simulacros.

Petro ya había manifestado sus reservas frente a esta contratación, señalando que el manejo privado de los datos y sistemas electorales representa un riesgo para la soberanía institucional. Las dudas del mandatario han sido reiteradas en varias oportunidades, especialmente desde la polémica licitación de los pasaportes, también protagonizada por Thomas Greg.

Las críticas de Petro han sido interpretadas por varios sectores como un intento de deslegitimar el sistema electoral. Sin embargo, desde la Casa de Nariño insisten en que se trata de una advertencia sobre posibles vulnerabilidades técnicas y jurídicas en el proceso electoral. El mandatario no ha entregado hasta ahora documentos públicos que respalden sus afirmaciones sobre un fallo judicial relacionado con fraude en software electoral.

El contrato adjudicado por la Registraduría estará vigente hasta junio de 2026 y abarca tanto la fase preelectoral como la ejecución de las jornadas de votación y el procesamiento posterior de resultados. Pese a las advertencias del presidente, no hay indicios legales ni institucionales que indiquen un aplazamiento de los comicios.