Un documento confidencial de la Embajada de Portugal, revelado por La W, podría cambiar el rumbo del debate sobre la fallida transición del sistema de pasaportes en Colombia. La comunicación, fechada el 24 de junio de 2025, expone que fue el equipo de la entonces canciller Laura Sarabia el que expresó reservas frente al modelo que venía en desarrollo desde 2024, lo que habría frenado la implementación técnica acordada entre ambos países.

Según el texto, la cooperación entre la Imprenta Nacional de Colombia y la empresa portuguesa Imprensa Nacional-Casa da Moeda fue formalizada en diciembre de 2024. Posteriormente, el 26 de febrero de 2025, el gobierno luso publicó el acuerdo comercial en su diario oficial. A inicios de marzo, delegaciones de alto nivel de Portugal y su socia francesa se desplazaron a Bogotá para firmar el contrato y comenzar la preparación operativa con miras al 1 de septiembre, fecha prevista para que el nuevo modelo de expedición entrara en funcionamiento.

Sin embargo, entre el 6 y 7 de marzo, durante reuniones con el nuevo equipo de la Cancillería, los representantes europeos fueron informados de que existían “algunas reservas” respecto al modelo anterior. Entre ellas, la necesidad de transformar el acuerdo en un convenio interadministrativo internacional y prever presupuestos para una ejecución a diez años. Según el documento, a partir de ese momento se crearon dos mesas de trabajo —una técnica y otra jurídica— pero sus actividades fueron suspendidas a finales de mayo.

Portugal sostiene que, pese a mantener su disposición a colaborar, solo ha sido convocado para resolver dudas puntuales y no ha participado en discusiones estratégicas ni en la planificación de soluciones para evitar un colapso del servicio de pasaportes a partir de septiembre. Por eso, en la misiva, pide al Gobierno colombiano definir si mantendrá el modelo técnico previamente aprobado y cuándo estarían dadas las condiciones para reactivar el proyecto.

El documento también muestra que el país europeo preasignó capacidad de producción en sus fábricas y equipos logísticos, lo que contradice versiones que apuntaban a una supuesta falta de preparación internacional. Esta afirmación coincide con advertencias hechas previamente por el excanciller Luis Gilberto Murillo, quien había sostenido que el modelo estaba avanzado y que cualquier retraso se debería a decisiones internas posteriores.

En medio de este panorama, la Procuraduría ya abrió una investigación disciplinaria que incluye a Sarabia, Murillo y al jefe de despacho Alfredo Saade. La carta de Portugal podría convertirse en una pieza clave en ese proceso.

Por ahora, la Embajada portuguesa insiste en que el proyecto aún puede ser rescatado, si se reactivan las mesas de trabajo y se confirma la voluntad política desde Bogotá. El tiempo corre y el actual contrato con la firma Thomas Greg finaliza el próximo 31 de agosto.