Horas antes de la adjudicación del contrato por $2,1 billones para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, el presidente Gustavo Petro volvió a poner en duda la transparencia del proceso electoral colombiano. “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, publicó en su cuenta de X, cuestionando directamente la participación del grupo empresarial Thomas Greg & Sons.

La licitación, que se define este miércoles 9 de julio, tiene como único oferente en carrera a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, conformada en su mayoría por firmas del mismo grupo. Aunque inicialmente se presentaron diez interesados, solo uno logró llegar hasta la etapa final. Empresas como Smartmatic, Servientrega y Toppan Security se retiraron del proceso, señalando riesgos de seguridad, falta de condiciones técnicas y ausencia de garantías para una competencia justa.

Thomas Greg & Sons, que tendría control de más del 80 % del consorcio, será responsable de tareas clave como el software de preconteo y la consolidación de resultados preliminares, lo que ha generado fuertes reparos desde distintos sectores.

El presidente Petro ha reiterado en varias ocasiones su oposición al papel que esta empresa ha jugado tanto en los procesos electorales como en la licitación de pasaportes. En esa oportunidad, el Gobierno optó por no renovar el contrato con Thomas Greg y avanzar hacia un nuevo modelo en conjunto con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, aunque dicho acuerdo aún no se ha concretado.

Además de su mensaje en redes sociales, Petro ya había expresado su preocupación días atrás. El 2 de julio escribió: “¿Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos?”. También arremetió contra la Procuraduría, señalando que esta habría obstaculizado investigaciones sobre la libre competencia en torno a Thomas Greg & Sons.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos ha defendido la legalidad del proceso licitatorio y rechazó las solicitudes de mayor pluralidad o fragmentación del contrato. Desde la Registraduría se sostiene que se cumplieron los requisitos legales, a pesar de la controversia generada por la falta de competencia efectiva.

Con su advertencia, el presidente Petro no solo vuelve a poner en entredicho el rol de la empresa privada en el manejo de datos sensibles y logísticos del sistema electoral, sino que también anticipa un clima de tensión política de cara al 2026, año en que se elegirá su sucesor.