El jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, confirmó que el Gobierno firmará en las próximas horas una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal para respaldar a la Imprenta Nacional en la expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre. La decisión ratifica que no habrá prórroga al contrato con Thomas Greg & Sons, cuya permanencia en el proceso fue desautorizada por el presidente Gustavo Petro.

El anuncio fue hecho por Alfredo Saade, jefe del despacho presidencial, quien lidera desde ahora el proceso tras la salida de la canciller Laura Sarabia, desautorizada por el propio presidente Gustavo Petro por haber contemplado una nueva urgencia manifiesta para extender el contrato con Thomas Greg. La Casa de Nariño decidió dar un giro en la estrategia y apostar por un modelo liderado desde lo público.

“La Imprenta Nacional está lista y tenemos garantizadas las libretas de pasaporte para los próximos seis meses. Si hay algún problema con la producción, será responsabilidad de la Unión Temporal y no del Gobierno”, aseguró Saade. El funcionario añadió que el país no puede depender de un solo proveedor y que el nuevo esquema busca romper con lo que denominó “la captura institucional” que ha tenido el negocio de los pasaportes en Colombia.

La alianza con Portugal busca apoyar técnicamente la operación de la Imprenta Nacional durante la fase de transición, garantizando estándares internacionales en seguridad documental y evitando una posible interrupción en el servicio. Según Saade, “la articulación entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal será clave para fortalecer la soberanía tecnológica y operativa del país en esta materia”.

Aunque la Cancillería había informado que el contrato con Thomas Greg se extendería hasta el 29 de julio de 2026, el presidente Petro dio un viraje tajante. En un reciente Consejo de Ministros, calificó como fraudulento el proceso licitatorio anterior y ordenó desmontar el esquema vigente, en el que Thomas Greg ha operado por más de una década.

Ahora, el reto para el Gobierno será implementar el nuevo modelo en apenas dos meses, en medio de críticas sobre la capacidad técnica de la Imprenta Nacional, tensiones institucionales internas y un entorno judicial en el que Thomas Greg podría acudir a tribunales internacionales.