La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por presuntas irregularidades en la votación que archivó la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. El alto tribunal busca establecer si existió manipulación en el procedimiento legislativo que derivó en el hundimiento de la iniciativa.

La Corte recibió múltiples denuncias en las que se acusa a Cepeda de alterar el curso de la votación del pasado 15 de mayo, incluyendo permitir el cambio del voto del senador Édgar Díaz después de haberse cerrado formalmente el registro. Las denuncias fueron acumuladas en un solo expediente que quedó en manos del magistrado César Augusto Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, quien ordenó la recolección de pruebas, testimonios y la citación del senador Cepeda para rendir versión libre.

Entre los posibles delitos que se investigan están perturbación del certamen democrático, abuso de autoridad y prevaricato por acción y omisión, relacionados con su rol como conductor del debate y garante del procedimiento legislativo.

El episodio generó controversia desde el mismo día de la votación. Mientras el Congreso tumbaba la propuesta del Gobierno —que pretendía someter a consulta ciudadana la aprobación de la reforma laboral—, desde China, el presidente Petro denunció presunto fraude y pidió a la Corte investigar al senador conservador. “Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá”, escribió en su cuenta de X.

Cepeda ha sido uno de los opositores más visibles de la consulta promovida por el Ejecutivo. Desde su curul y a nombre del Partido Conservador, cuestionó el costo proyectado del mecanismo, estimado en 750.000 millones de pesos, y defendió la votación del Congreso como un acto legítimo. La carta con el resultado oficial fue enviada a la Casa de Nariño el 18 de junio, con 52 votos en contra y solo 2 a favor.

Aunque se trata de una indagación preliminar, el inicio del proceso judicial aumenta la presión sobre Cepeda, cuyo liderazgo en el Legislativo ha sido clave para frenar varias de las iniciativas impulsadas por el Gobierno. La Corte deberá determinar ahora si existió una vulneración a la ley en el desarrollo del trámite parlamentario.