A lo largo de la historia reciente en América Latina, Estados Unidos ha desempeñado un papel central en la defensa de la democracia, actuando como respaldo político, financiero o diplomático en momentos decisivos para distintos países del continente. Si bien su historia en la región no está exenta de episodios controvertidos, como su apoyo a gobiernos autoritarios, también es cierto que, en múltiples ocasiones, su intervención ayudó a frenar dictaduras, acompañar procesos de apertura política y fortalecer instituciones democráticas.

Fue en ese contexto que recientemente surgió un comentario del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien afirmó que “Estados Unidos ha sido históricamente un defensor de la democracia y la institucionalidad en América”. Su mensaje, emitido en medio de un debate sobre los riesgos institucionales en Colombia, buscó destacar el rol que ha tenido el país norteamericano no como salvador externo, sino como aliado decisivo en momentos en los que el voto popular o la estabilidad democrática han estado en juego. Aunque sus palabras generaron críticas en redes sociales —donde algunos cuestionaron el historial de Washington en la región—, también abrieron espacio para revisar hechos concretos que respaldan su planteamiento.

Transiciones acompañadas y aperturas vigiladas

En Paraguay, tras la caída del general Alfredo Stroessner en 1989, la administración estadounidense acompañó los primeros pasos de apertura electoral. Aunque el cambio fue impulsado desde dentro del régimen, Washington jugó un papel diplomático clave para legitimar las reformas e impulsar una nueva relación con el país sudamericano basada en el respeto al sistema constitucional.

En Chile, durante el plebiscito de 1988, Estados Unidos respaldó la apertura política que terminó con 17 años del gobierno militar de Pinochet. Si bien su relación con el régimen había sido ambigua en el pasado, en ese momento canalizó recursos hacia organizaciones promotoras del voto, respaldó observadores internacionales y reconoció sin titubeos el triunfo de la opción democrática.

En Haití, en 1994, EE. UU. lideró una operación multinacional que permitió el regreso del presidente electo Jean-Bertrand Aristide, depuesto tres años antes por un golpe militar. Esta intervención fue avalada por organismos multilaterales y permitió que el país retomara su senda institucional, en un momento crítico para su democracia frágil.

En otras ocasiones, el respaldo se ha dado de forma indirecta pero firme. En los años ochenta, Estados Unidos presionó por elecciones libres en países como Nicaragua y El Salvador, donde apoyó procesos de negociación para superar guerras civiles, condicionando parte de su asistencia a avances políticos verificables.

Más recientemente, en episodios como la crisis postelectoral en Honduras (2009), durante la administración de Barack Obama, Estados Unidos respaldó las gestiones diplomáticas de la OEA para restablecer el orden democrático, aunque sin intervenir de forma directa. Además, jugó un papel activo en la vigilancia de elecciones y en el fortalecimiento institucional a través de fondos destinados a reformas judiciales, modernización electoral y apoyo técnico a entidades públicas.

Un mensaje con carga política

Al recordar este historial, la afirmación de Murillo no aparece como una simple opinión política, sino como una interpretación de hechos documentados. A lo largo de distintas décadas y gobiernos, Estados Unidos ha actuado como un aliado estratégico en defensa de la institucionalidad, no solo desde lo militar o lo económico, sino también desde la diplomacia y el fortalecimiento institucional.

La historia completa de la relación entre EE. UU. y América Latina es compleja, pero hay capítulos claros en los que su intervención ayudó a preservar el sufragio, facilitar transiciones pacíficas o frenar retrocesos autoritarios. Y en tiempos donde la democracia en Colombia enfrenta amenazas internas, recordar esos momentos puede ofrecer perspectiva sobre el papel que los aliados internacionales pueden seguir cumpliendo.