El diario El País reveló este domingo que el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, viajó a Estados Unidos hace dos meses con el propósito de promover “una presión internacional” para provocar la salida del presidente Gustavo Petro del cargo. Según el medio español, Leyva sostuvo reuniones con asesores vinculados al Partido Republicano y buscó acercamientos con congresistas como Mario Díaz-Balart y Marco Rubio, con el fin de explorar caminos institucionales que derivaran en la sucesión presidencial a favor de la vicepresidenta Francia Márquez.

La publicación, basada en testimonios y audios confidenciales, expone que Leyva aseguró tener “todas las herramientas” para ejecutar su plan. “Nos dijo que tenía evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo (…) y que con el respaldo estadounidense el presidente no tendría capacidad de respuesta”, relató una fuente que participó en los encuentros.

En una de las grabaciones, Leyva expresa: “Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones… es que el orden público se desbordó. Esto no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo. Este país va al despeñadero”. También afirmó haber hablado con gremios y sectores clave que, según él, respaldaban su postura.

El exministro habría planteado que Francia Márquez debía asumir el poder en caso de concretarse su propuesta, e incluso le habría manifestado apoyo directamente. En mensajes privados divulgados por el medio, la animó a mantenerse fuerte ante los desafíos políticos.

Según la investigación, la Casa Blanca desestimó el plan, y las conversaciones llegaron a oídos de la inteligencia colombiana, lo que causó un fuerte malestar en la Presidencia. En uno de sus recientes discursos, el presidente Petro calificó el hecho como “un intento de golpe de Estado”, señalando directamente a Leyva como el artífice de la maniobra.

A raíz del escándalo, Leyva se trasladó a Madrid alegando motivos de seguridad. La controversia se suma a las tensiones previas entre el exfuncionario y el Gobierno, que se intensificaron luego de la sanción que le impuso la Procuraduría por irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.