El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aseguró este jueves que la reforma pensional no podrá entrar en vigencia el próximo 1 de julio, como estaba previsto en el texto aprobado por el Congreso. La razón, explicó, es que la Corte suspendió su aplicación mientras evalúa si se corrigieron las irregularidades detectadas en el trámite legislativo.

Durante un evento sobre ética judicial, el magistrado recordó que la Corte ordenó repetir parte del procedimiento debido a un vicio en el cuarto debate, lo que implicó la devolución del proyecto a la Cámara de Representantes. Pero advirtió que la simple repetición del debate no basta para que la norma entre en vigor.

“Se suspendió su vigencia por la Corte, porque la ley preveía que entrara en vigencia a partir del 1 de julio y hay que subsanar la irregularidad que la Corte determinó. Entonces, no puede entrar en vigencia el 1 de julio”, dijo Ibáñez ante medios.

Una vez surtida la corrección, la Cámara debe remitir un informe a la Corte para que la Sala Plena evalúe si efectivamente se cumplieron las órdenes del fallo. Solo tras esa revisión, el alto tribunal podrá tomar una decisión definitiva sobre la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia.

“El trámite no se subsana automáticamente. Debe verificarse el cumplimiento y esperar una decisión de fondo”, enfatizó el presidente del alto tribunal.

Esto significa que, mientras no haya pronunciamiento de fondo, la reforma seguirá suspendida. Además, corresponde al Congreso definir una nueva fecha para su entrada en vigencia, una vez superados los vicios señalados.

El Gobierno nacional había convocado a sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para intentar destrabar el trámite. La estrategia consiste en acoger el texto aprobado por el Senado, con lo que se evitaría una conciliación. Sin embargo, el pronunciamiento de Ibañez confirma que, incluso si se logra ese paso, la vigencia dependerá del control posterior de la Corte.