El presidente Gustavo Petro afirmó que acatará la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la intervención de la Superintendencia de Salud sobre la EPS Sanitas. Sin embargo, aprovechó su pronunciamiento para arremeter contra el modelo actual de salud, al que calificó como “una gran estafa” que devora recursos públicos y precariza la red hospitalaria.

“Acato la sentencia que, según lo que se comunica por parte de la Corte, versa sobre irregularidades procedimentales en la intervención de Colsanitas”, escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario recalcó que, con esta decisión, la EPS retoma su autonomía y será “plenamente responsable del cumplimiento de las leyes financieras y del pago de su deuda a la red hospitalaria”.

No obstante, el presidente lanzó duras críticas contra el modelo de aseguramiento vigente y contra Keralty, empresa matriz de Sanitas, a la que señaló como “un comprador de la política”. A su juicio, el sistema está diseñado para beneficiar a los dueños de las EPS y terminará por colapsar si no se aprueba la reforma a la salud que su gobierno impulsa en el Congreso.

“Si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, el sistema se quiebra”, advirtió. Petro insistió en que muchas EPS no cumplen con las reservas técnicas obligatorias y que, de liquidarse, sus usuarios pasarían a otras entidades en un proceso que acentuaría la concentración del sistema en pocos actores privados.

También aseguró que las clínicas privadas de los dueños de las EPS se han construido con dinero público y concentran la atención, lo que ha llevado a la quiebra de hospitales públicos. “Cerraron el San Juan de Dios de Bogotá y muchos puestos de salud en veredas y barrios”, dijo.

En su mensaje, el mandatario defendió su propuesta de eliminar el rol financiero de las EPS, convertirlas en gestoras de servicios y pagar directamente desde el Estado a clínicas y hospitales, con un modelo basado en atención primaria y preventiva. Según afirmó, más de 5 millones de familias ya han sido atendidas bajo este nuevo esquema y hay 90.000 personas contratadas en este primer nivel.

Mientras tanto, desde Keralty se indicó que esperan recuperar la administración de Sanitas en aproximadamente 15 días y alistan un “plan de choque” para estabilizar los servicios. Su abogado, Juan David Riveros, afirmó que la intervención del gobierno generó “caos” y debilitó el sistema.

La Corte Constitucional, por su parte, dejó sin efecto las resoluciones de la Supersalud que dieron origen a la intervención y remitió el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, para evaluar si se cumplió con los estándares constitucionales del sistema de salud.