Tras el atentado contra el senador Miguel Uribe, el Gobierno Nacional activó un Plan Integral de Seguridad Electoral para proteger a todos los actores involucrados en el proceso electoral de 2026, incluidos precandidatos presidenciales, partidos políticos, periodistas y líderes sociales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que desde el 9 de junio se instaló una subcomisión especial del Comité de Seguimiento Electoral, que sesionará diariamente. Este equipo incluye a los ministros del Interior y Defensa, la cúpula militar, el director de la Policía y el director de la UNP. La misión: anticipar amenazas, responder a riesgos y blindar el proceso democrático.

Según el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, ya se han reforzado los esquemas de seguridad para al menos seis precandidatos y dirigentes de la oposición: Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Enrique Peñalosa, Claudia López y Gabriel Vallejo. En el caso de la periodista y precandidata Vicky Dávila, el acompañamiento ha sido asumido directamente por la Policía Nacional.

Durante una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, también se estableció que el Plan Democracia —liderado por el coronel Andrés Serna— coordinará la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio. Las Fuerzas Militares garantizarán una cobertura nacional, y más de 600 uniformados serán asignados a tareas de protección electoral, según los estudios de riesgo elaborados por el Comité de Medidas de Protección Electoral (CORMPE).

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que la inteligencia militar estará al servicio de la prevención de ataques por parte de grupos armados organizados.

“Se mantendrá una ofensiva con inteligencia compartida entre las Fuerzas Militares y la Policía para evitar cualquier atentado contra candidatos en campaña”, indicó.

Benedetti recalcó que el propósito es evitar que la inseguridad condicione la participación política: “No se trata solo de responder a alertas, sino de garantizar que ningún actor vea limitada su participación por amenazas”.