Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó iniciar acciones jurídicas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, por negarse a aplicar el decreto que convoca una consulta popular, argumentando que debía esperar un pronunciamiento de las altas cortes. El mandatario calificó esa decisión como un acto de «sedición» y advirtió que el decreto goza de presunción de legalidad, por lo que es de obligatorio cumplimiento.

“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República”, dijo Petro, quien además exigió a la Cancillería y al Ministerio del Interior actuar frente a lo que calificó como un incumplimiento grave de funciones.

El presidente insistió en que su facultad para convocar mecanismos de participación no puede ser limitada por organismos administrativos, y sostuvo que “todo funcionario debe cumplir el decreto y la ley”. También dejó claro que solo retirará la consulta si del proceso de conciliación legislativa emerge una reforma laboral que cumpla los objetivos del Gobierno.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la postura del presidente y señaló que Penagos “se está equivocando gravemente” al no acatar el decreto. “Él es un operador logístico y no tiene por qué hacer una excepción constitucional sobre una decisión del Ejecutivo”, afirmó.

Mientras tanto, sectores de oposición y algunos constitucionalistas respaldaron la posición del registrador, argumentando que corresponde a las cortes definir si el decreto es conforme a la Constitución. La consulta sigue suspendida, a la espera de decisiones judiciales clave.