La Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos, anunció que en los próximos días emitirá un pronunciamiento definitivo sobre el decreto presidencial que convoca a una consulta popular el 7 de agosto. La entidad ya recibió el acto administrativo del Ejecutivo y ha comenzado su revisión jurídica, mientras aumentan las solicitudes para que se aplique la excepción de inconstitucionalidad.

Durante una visita a Puerto Carreño, Vichada, en el marco de las elecciones atípicas para gobernador, Penagos confirmó que el decreto ya fue notificado oficialmente y que su oficina evalúa con rigor los múltiples recursos legales interpuestos. Según indicó, a la Registraduría han llegado al menos seis peticiones que piden negar la convocatoria a urnas, además de numerosos derechos de petición y tutelas en otros despachos judiciales.

“El equipo jurídico de la Registraduría está estudiando el decreto, así como la decisión del Senado que fue también comunicada oficialmente. A comienzos de esta semana se conocerá un pronunciamiento de fondo”, expresó Penagos.

El registrador también reveló que el polémico decreto ha generado una ola de acciones jurídicas. Más de 30 demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, seis de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y múltiples recursos ante su despacho. Estas acciones reflejan el ambiente de incertidumbre jurídica que rodea la convocatoria impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, quien acompañó a Penagos en la jornada electoral, confirmó que la negativa del Senado frente a la consulta es definitiva, aunque será el Consejo de Estado quien determine su validez legal. También afirmó que no emitirá recomendaciones sobre el papel de la Registraduría en este proceso y llamó a que el debate se mantenga libre de presiones.

Eljach agregó que la Procuraduría abrió una indagación previa contra los ministros que firmaron el decreto, tras recibir múltiples quejas. Ahora, se revisarán las pruebas para decidir si se inicia una investigación formal contra los miembros del gabinete.

El decreto firmado por el presidente Petro fue difundido públicamente a través de su cuenta oficial en X y ya fue enviado a la Corte Constitucional para revisión. Este documento convoca a los colombianos a decidir si aprueban o no una serie de preguntas propuestas por el Ejecutivo, bajo el argumento de ejercer su poder soberano.

La decisión que tome la Registraduría será determinante para establecer si se avanza o no en este mecanismo de participación ciudadana, que ha generado fuerte oposición desde distintos sectores políticos. Mientras tanto, el texto del decreto y sus implicaciones jurídicas siguen siendo objeto de análisis por parte de las altas cortes y los organismos de control.