El Consejo de Estado negó una tutela presentada por el exalcalde Enrique Peñalosa contra el presidente Gustavo Petro, en la que reclamaba una presunta vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra, tras declaraciones hechas por el mandatario durante un consejo de ministros.

Peñalosa cuestionó una afirmación de Petro en la que lo vinculaba con intereses privados en los buses diésel, al señalar que su oposición a los trenes obedecía a un negocio propio con ese tipo de transporte. “Peñalosa no quiere trenes, quiere buses diésel porque es su negocio. Él dice que no es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad y no la deja avanzar”, dijo el presidente el pasado 4 de febrero.

Ante esta intervención, el exalcalde solicitó una rectificación y acudió a la vía judicial buscando que se protegieran sus derechos fundamentales. No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que las palabras de Petro hacían parte de un discurso político amparado por la libertad de expresión, principio que, según el fallo, goza del mayor grado de protección constitucional.

La alta corte señaló que no hubo imputación directa de delitos ni se hicieron acusaciones concretas sobre celebración de contratos o actos ilícitos, sino una crítica política relacionada con modelos de transporte urbano, como el Transmilenio, eje de un prolongado debate entre ambos líderes.

En el proceso también fue reconocida formalmente la abogada Carolina Jiménez Bellicia como apoderada judicial del presidente de la República, en defensa de sus actuaciones como jefe de Estado.