La Registraduría Nacional recibió este viernes el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que convoca a una consulta popular sobre derechos laborales para el próximo 7 de agosto. Sin embargo, el trámite se enfrenta a una fuerte resistencia jurídica y política. Nueve partidos solicitaron al registrador Hernán Penagos abstenerse de ejecutar el decreto, argumentando que es inconstitucional y no cumple los requisitos establecidos en la ley.

El documento, presentado oficialmente a la organización electoral, establece 12 preguntas que serían sometidas a votación ciudadana. No obstante, el Congreso ya notificó a la Registraduría que la consulta no tiene aval del Senado, un paso indispensable según el artículo 104 de la Constitución y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.

Frente a esto, las colectividades —entre ellas Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Nuevo Liberalismo y la Liga de Gobernantes Anticorrupción— pidieron al registrador aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” y devolver el decreto al Ejecutivo, evitando así la convocatoria a las urnas.

En su carta, los partidos afirman que el decreto omite requisitos legales esenciales y que su ejecución implicaría una vulneración directa al orden constitucional. También señalaron que el artículo 6 del decreto ordena comunicar al registrador la convocatoria para adoptar medidas logísticas, lo que, a su juicio, se hizo sin el sustento jurídico necesario.

La Registraduría, por su parte, anunció que iniciará el análisis jurídico correspondiente y no descarta acudir al Consejo de Estado o esperar las decisiones de la Corte Constitucional, donde ya cursan varias demandas contra el decreto. La Corte, de hecho, se prepara para discutir en ponencia si la normativa se ajusta o no a la Carta Magna.

Por ahora, el futuro de la consulta queda en suspenso, entre la presión política y la incertidumbre jurídica. Las próximas semanas serán clave para definir si los ciudadanos serán convocados o no a las urnas en agosto.