En medio de un ambiente político marcado por la tensión y la violencia, el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre sus principales reformas sociales, a pesar de que el Senado ya había rechazado esta posibilidad en mayo.

El mandatario compartió la decisión a través de sus redes sociales, asegurando que envió el decreto a la Corte Constitucional para que evalúe su legalidad. Sin embargo, la movida ha generado controversia entre sectores políticos que cuestionan su sustento jurídico. De acuerdo con la legislación vigente, el Ejecutivo solo puede convocar una consulta popular con la aprobación previa del Senado, un requisito que en este caso no se ha cumplido.

Petro argumenta que el Congreso ha bloqueado las reformas estructurales que plantea en salud y trabajo, y que la consulta busca devolverle la voz al pueblo. “Es necesaria una reforma constitucional en estas materias”, sostuvo, acusando al Legislativo de negarse a avanzar en los debates. No obstante, desde la oposición desmienten esa versión y aseguran que los proyectos continúan su curso dentro de los canales institucionales.

La decisión del presidente ocurre mientras Colombia atraviesa una semana especialmente convulsa. El sábado pasado, el senador opositor Miguel Uribe fue víctima de un atentado en Bogotá y permanece hospitalizado. Días después, el país vivió una serie de ataques armados que dejaron al menos ocho muertos y más de veinte heridos, aumentando la presión sobre el Gobierno.

El decreto firmado por Petro ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si el procedimiento adoptado por el presidente se ajusta a la Carta Magna o si incurre en una extralimitación de funciones.