La convocatoria presidencial a una consulta popular el próximo 7 de agosto encendió las alarmas en varios sectores políticos. Ocho partidos —entre ellos el Conservador, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno y Liga Anticorrupción— presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el decreto firmado por Gustavo Petro y sus 18 ministros.

En la acción judicial, las colectividades solicitan la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional y piden, además, la adopción urgente de una medida cautelar que suspenda sus efectos antes de que se inicie cualquier calendario electoral. Los partidos argumentan que el Gobierno omitió requisitos esenciales, como el concepto previo favorable del Senado, exigido por el artículo 104 de la Constitución y por las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.

La demanda se sustenta en cuatro cargos principales, ruptura del estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones del Ejecutivo y desconocimiento del principio de separación de poderes. Adicionalmente, señalan que la consulta fue negada formalmente por el Senado el pasado 14 de mayo, lo que haría inviable su convocatoria por decreto.

Los partidos califican la decisión presidencial como un “decretazo” que vulnera la institucionalidad del país y denuncian una “deriva autoritaria” por parte del Gobierno. Según advierten, permitir la vigencia del decreto sin revisión judicial podría generar gastos públicos irreversibles y dejar en entredicho el orden constitucional.

Finalmente, los demandantes anunciaron que llevarán el caso también ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía, reafirmando su compromiso con “la defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho”.