El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno incrementará la seguridad de varios líderes de la oposición tras las recientes denuncias de amenazas y atentados, en un contexto de alta tensión política luego del ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay.

A través de su cuenta en X, el mandatario informó que la medida incluye a Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila. La decisión se tomó luego de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales realizada en la Casa de Nariño, donde se evaluaron los riesgos frente a los supuestos planes violentos que afectan a estas figuras políticas.

Estas amenazas estarían vinculadas, según algunas denuncias, a grupos ilegales y narcotraficantes, entre ellos un posible vínculo con alias Iván Mordisco, señalado por la senadora Dávila como uno de los presuntos responsables. El presidente Petro sugirió además que una “junta del narcotráfico” podría estar detrás de estos hechos violentos que desestabilizan al país.

Pese al clima de tensión, Petro ratificó que las marchas convocadas para el próximo 11 de junio en apoyo a su Gobierno se mantendrán. El presidente expresó su intención de acompañar la movilización en Cali y llamó al respaldo popular de la región occidental del país, calificando las manifestaciones como un acto en defensa de la paz y la democracia.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe afirmó haber recibido información internacional que advierte sobre un posible atentado en su contra, y cuestionó la respuesta oficial del Gobierno ante el atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay. Mientras tanto, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila ha señalado que aún no cuenta con medidas de protección, pese a las órdenes presidenciales.

En reacción a estas denuncias, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmó la convocatoria de una reunión para analizar las amenazas y garantizar la seguridad de los líderes en riesgo.

El Centro Democrático calificó la situación como de “máxima gravedad” y exigió una respuesta urgente y responsable por parte del Gobierno y las autoridades judiciales.