El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó este pasado viernes que el Senado rechazó de forma definitiva la solicitud del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular, cerrando cualquier interpretación jurídica alternativa y distanciándose de los argumentos del Ejecutivo. Durante su intervención en la 59ª Convención Bancaria, Eljach aseguró que no existe espacio para debatir jurídicamente el tema: “Se negó formalmente, y así está establecido. No cabe discusión jurídica alguna”.

El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público llega en medio de la insistencia del Gobierno por mantener viva la opción de la consulta popular a través de un decreto presidencial, a pesar de que el Congreso le dio un no rotundo al mecanismo propuesto. Petro ha sugerido públicamente que hubo irregularidades en la votación del Senado y se ha amparado en una reciente tutela favorable a la senadora María José Pizarro para defender su postura. Sin embargo, la tutela no ordena repetir la votación ni modifica la decisión legislativa.

Frente a ese contexto, Eljach hizo un llamado a respetar el proceso institucional y advirtió que el caso ahora está en manos del Consejo de Estado. “Dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos y no contribuyamos a generar un mal ambiente. La justicia debe operar como debe”, sostuvo. Además, subrayó que cualquier funcionario que se aparte de lo dispuesto por la ley y la Constitución podrá ser investigado por la Procuraduría, dentro de un marco de garantías y debido proceso.

El Consejo de Estado, en un auto emitido el pasado 3 de junio, respaldó la posición de Eljach al declarar definitiva la decisión del Senado, descartando así que el Gobierno pueda avanzar con la consulta por decreto. Esa decisión fue tomada en respuesta a una demanda que buscaba suspender los efectos del archivo de la iniciativa, pero que fue desestimada tras considerarse que el Congreso sí se pronunció de manera válida.

La intervención del procurador refuerza la presión institucional sobre la Casa de Nariño, que se enfrenta no solo a las advertencias de los órganos de control, sino también a las voces de la Corte Constitucional que han reiterado la necesidad de respetar la separación de poderes y el orden legal vigente. En medio de este panorama, el futuro de la consulta popular queda supeditado a nuevas decisiones judiciales, mientras la tensión entre el Ejecutivo y los entes de control sigue escalando.