En un giro que tensiona aún más el escenario político nacional, el presidente Gustavo Petro reunió a su gabinete este pasado viernes para firmar el decreto que convoca a una consulta popular sobre derechos laborales, ignorando la decisión adversa que emitió el Senado el pasado 14 de mayo. La Casa de Nariño justifica la medida en un fallo de tutela que le dio la razón a la senadora María José Pizarro, aliada del Gobierno, al señalar que su derecho al debido proceso fue vulnerado durante la votación en el Congreso.

Aunque el fallo no ordena expresamente repetir la votación, Petro lo interpretó como un aval judicial para avanzar con su iniciativa por vía directa. Durante un acto público con la Armada Nacional, el mandatario anunció que un juez “acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular”, y que se demostró que “hubo fraude en el Senado”.

La consulta incluiría no solo la fecha para su realización, sino también reglas para la campaña por el “Sí” y el “No”, según anticipó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, ya fue notificado formalmente del concepto negativo emitido por el Senado, y fuentes cercanas indican que la Registraduría estaría esperando un pronunciamiento del Consejo de Estado antes de tomar cualquier decisión operativa.

Una jugada que desata la tormenta

El decreto que será expedido en las próximas horas podría desatar una nueva tormenta institucional. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advirtió que la medida será demandada ante el tribunal de lo contencioso administrativo, alegando que viola el orden constitucional y desconoce abiertamente el principio de separación de poderes.

Desde la oposición y varios sectores independientes consideran que el decreto presidencial carece de fundamento legal, ya que el Senado votó la propuesta —aunque estrechamente, 49 contra 47— y negó la posibilidad de consulta. Además, aseguran que el recurso de apelación presentado por Pizarro fue resuelto y negado en plenaria, lo que para ellos invalida la narrativa de irregularidad que sostiene el Gobierno.

Por su parte, Benedetti ha reiterado que el Congreso incurrió en múltiples vicios de procedimiento y que el fallo judicial confirma la tesis del Ejecutivo. “Hizo trampa, no lo digo yo sino un juez de la República. Ese es solo uno de los seis vicios que hay. ¿Y ahora qué van a hacer?”, cuestionó.

¿Y ahora qué sigue?

La Registraduría podría recurrir a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para esclarecer si debe o no fijar una fecha para la consulta. El fallo de tutela ha añadido un elemento de incertidumbre, pero no despeja el camino legal para un proceso que ha sido ampliamente cuestionado por su constitucionalidad.

La oposición ya prepara acciones legales, mientras el Gobierno acelera la firma del decreto con el respaldo de todo su gabinete. En medio del pulso, el presidente insiste en que no se trata de una confrontación institucional, sino de un mecanismo legítimo de participación ciudadana.

Lo cierto es que el escenario se torna cada vez más complejo: el Ejecutivo avanza con una consulta que el Legislativo rechazó y que el sistema judicial aún no ha aclarado completamente. El resultado: una puja de poderes sin precedentes recientes en la historia política colombiana.