El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, salió al paso de la decisión judicial que ordenaba resolver una apelación de la senadora María José Pizarro, asegurando que esa solicitud ya fue tramitada y rechazada desde el pasado 21 de mayo. La respuesta, enviada directamente al juzgado que falló la tutela, busca zanjar la controversia que el Gobierno aprovechó para reactivar la idea de una consulta popular.
En el documento remitido a la jueza de Bogotá, Cepeda precisó que la apelación de Pizarro fue considerada extemporánea por la mesa directiva del Senado, dado que no fue presentada de manera inmediata, como lo exige la Ley 5 de 1992. Por tanto, no se le dio trámite y se le notificó oficialmente su inadmisión.
“La apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro fue respondida mediante oficio con fecha de envío del 21 de mayo de 2025”, indicó Cepeda, quien agregó que “la solicitud planteada por el juez ya estaba resuelta en su momento, y de haber compartido esa información, se habría evitado pedir lo que ya estaba hecho”.
El presidente del Senado también cuestionó que los accionantes de la tutela no informaran al juzgado que la apelación ya había sido resuelta antes del fallo. Según él, eso generó una interpretación errónea por parte del presidente Gustavo Petro, quien anunció que el Congreso debía repetir la votación de la consulta, lo cual no es cierto.
“Ciertos funcionarios del Gobierno se apresuraron a producir videos, declaraciones y comunicados que podrían haberse reservado para un asunto con mejores fundamentos”, añadió Cepeda, subrayando que el fallo no obliga a repetir votación alguna, sino a resolver una apelación que ya fue negada formalmente.
El senador también certificó que la actuación del Congreso fue previa a cualquier notificación judicial, lo que convierte el cumplimiento del fallo en un hecho superado. “Hemos dado cumplimiento con anterioridad a la decisión del juzgado. No hay ningún trámite pendiente en el Senado sobre este tema”, concluyó.
A pesar de la claridad en la respuesta del Congreso, el presidente Petro ya convocó a sus ministros para firmar un decreto de consulta popular con 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, respaldándose en una decisión judicial que, en realidad, no dio luz verde para avanzar en ese camino.







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