Ocho partidos políticos califican como “golpe de estado” el decreto de Gustavo Petro

Ocho partidos políticos, incluyendo las principales colectividades del Congreso, rechazaron con firmeza la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, decisión que fue desestimada por el Senado el pasado 14 de mayo. En un comunicado conjunto, los partidos señalaron que esta medida representa “una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”.

El pronunciamiento fue firmado por el Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI, quienes advirtieron que, de concretarse el decreto, se trataría de una “violación grave, abierta y directa a la Constitución”, desconociendo la decisión soberana del Congreso de no aprobar la consulta popular.

El bloque multipartidista hizo un llamado expreso a los órganos de control, a las altas cortes y a los entes electorales para que actúen “bajo el principio de legalidad y con independencia”, evaluando a fondo la legalidad de cualquier intento del Ejecutivo por imponer este mecanismo sin el aval legislativo.

El comunicado también fue enfático al pedirle al registrador nacional, Hernán Penagos, que se abstenga de avanzar con la organización de la consulta hasta verificar que se cumplan todos los requisitos constitucionales y legales. “El registrador debe actuar con pleno respeto por el orden democrático”, señalaron.

Los partidos recordaron que el Consejo de Estado, al admitir una demanda contra el trámite de la consulta, reconoció que el Congreso sí se pronunció negativamente y que ello constituyó un “acto definitivo”, descartando así la tesis de que hubo un silencio legislativo o un bloqueo irregular.

Finalmente, las colectividades advirtieron sobre el “grave daño institucional” que está causando el Gobierno, y señalaron que Colombia no puede estar sometida a decisiones unilaterales que desconocen el marco constitucional. “No podemos permitir que se instrumentalicen causas sociales legítimas para fines contrarios al orden democrático”, concluye el comunicado.

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