El Ministerio Público de Guatemala emitió órdenes de captura internacional contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por su presunta participación en una red de irregularidades vinculadas al caso Odebrecht. Ambos figuran en la circular roja de Interpol por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en medio de un escándalo judicial que ya ha generado reacciones diplomáticas.

Velásquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y es actualmente embajador en el Vaticano, habría desempeñado un papel central en investigaciones de corrupción durante su gestión en la Cicig, instancia respaldada por la ONU.

Por su parte, Camargo, quien hoy lidera la Fiscalía general de Colombia, también es señalada de supuestas maniobras para favorecer a ejecutivos de Odebrecht, según la Fiscalía guatemalteca.

La decisión judicial incluye además a Telma Aldana, exfiscal general guatemalteca, y Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público. Todas las órdenes fueron impulsadas por el fiscal Rafael Curruchiche y la actual fiscal general Consuelo Porras, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y obstrucción a la justicia.

En respuesta, Iván Velásquez calificó la acción como una persecución política, afirmando que los autores de la medida han sido señalados internacionalmente por corrupción. “Extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”, expresó en su cuenta de X, asegurando que se trata de un intento de criminalizar la lucha contra la impunidad.

Ante la escalada del caso, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado oficial rechazando la legalidad de las órdenes de captura y acusando al Ministerio Público de instrumentalizar la justicia. Según la Presidencia, la acción no solo carece de sustento jurídico, sino que vulnera los compromisos del Estado con la comunidad internacional. El pronunciamiento advierte que se buscará un diálogo diplomático con Colombia para evitar una crisis bilateral.

La controversia amenaza con desbordar lo judicial y escalar en el terreno diplomático, en especial por los vínculos históricos entre Velásquez y la Cicig, cuya disolución fue interpretada por varios sectores como un retroceso en la lucha contra la corrupción en Centroamérica. A su vez, Colombia guarda silencio oficial mientras se define si la inmunidad diplomática de ambos involucrados será suficiente para frenar las consecuencias judiciales.