Ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, el Gobierno colombiano respondió con un fuerte pronunciamiento diplomático. A través de la Cancillería, calificó la medida como una “acción sin sustento jurídico” que representa una grave desviación del derecho internacional y una posible instrumentalización de la justicia con fines políticos.

La decisión guatemalteca, relacionada con el escándalo de corrupción de Odebrecht, fue anunciada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien acusó a ambos funcionarios de delitos como asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Sin embargo, la Cancillería de Colombia rechazó la legitimidad del proceso y activó canales diplomáticos para expresar su inconformidad.

“El uso de mecanismos judiciales internacionales exige pruebas sólidas y transparencia, condiciones que no se cumplen en este caso”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la misma línea, la canciller Laura Sarabia expresó su “profunda preocupación” y pidió que se respete la cooperación judicial sin que se convierta en una herramienta de persecución.

Desde el Palacio de Nariño se advirtió que este tipo de acciones pueden afectar las relaciones entre Estados y sentar un precedente peligroso. Mientras tanto, el Gobierno colombiano pidió respaldo internacional frente a lo que considera un uso indebido del sistema judicial por parte de Guatemala.