La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra funcionarios de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior por presuntas irregularidades en el uso de aeronaves institucionales. El proceso se enfoca en los hechos ocurridos el 20 de mayo, cuando un grupo de influenciadores viajó en un avión de la Policía hacia Barranquilla para asistir al cabildo abierto convocado por el presidente Gustavo Petro.

El ente de control busca determinar si hubo uso indebido de bienes públicos y si se vulneraron los principios de contratación estatal mediante un convenio interadministrativo suscrito entre ambas entidades el pasado 21 de febrero. La investigación fue motivada por un documento de la Contraloría que alertó sobre el uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas.

Según lo indicado por la Procuraduría, existen reportes que señalan que las aeronaves de la fuerza pública estarían siendo utilizadas para transportar a funcionarios e invitados con afinidad ideológica al Gobierno nacional. La Sala de Instrucción Disciplinaria pretende establecer si este vuelo, y otros similares, se ajustaron a la legalidad o si se incurrió en faltas disciplinarias.

El general Rosemberg Novoa, subdirector de la Policía, explicó que el desplazamiento se hizo en el marco de un convenio con el Ministerio del Interior. No obstante, la Procuraduría ahora deberá verificar si en la celebración y ejecución de dicho convenio se respetaron los procedimientos legales y si existieron responsabilidades individuales.

Además, el Ministerio Público señaló que el viaje de los influenciadores habría tenido como fin cubrir “de manera propagandística” el evento de Petro, lo cual agudiza el debate sobre el uso institucional de los recursos del Estado para actividades políticas.

La indagación incluirá la recolección de pruebas para determinar si los funcionarios involucrados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad o si, por el contrario, incurrieron en irregularidades disciplinables.