La presencia de varios influenciadores contratados por el Gobierno en un avión de la Policía Nacional rumbo a Barranquilla encendió las alarmas en la oposición, que exige explicaciones por el presunto uso indebido de recursos públicos para actividades de carácter político.

El hecho se conoció tras una publicación del exembajador Moisés Ninco Daza, quien compartió imágenes del viaje realizado para asistir a un cabildo abierto encabezado por el presidente Gustavo Petro, justo después del hundimiento en el Senado de la consulta popular sobre derechos laborales. El evento congregó a miles de personas en el Paseo Bolívar y fue promovido como una muestra de respaldo ciudadano a la agenda del Gobierno.

La polémica escaló cuando el representante a la Cámara Hernán Cadavid (Centro Democrático) envió un derecho de petición al ministro de Defensa, Iván Velásquez, solicitando información sobre el uso de una aeronave oficial para transportar personas dedicadas, según él, a la «promoción y propaganda política del presidente Petro». El congresista cuestionó si estas acciones se ajustan al marco legal y pidió claridad sobre los criterios de autorización.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió que el traslado fue legal y se realizó bajo un convenio interadministrativo vigente desde hace casi dos décadas, que permite al Ministerio del Interior usar aeronaves de la Policía Nacional para cumplir “funciones misionales”. Añadió que no se trató de una solicitud extraordinaria ni de un préstamo del avión, sino de un procedimiento amparado en acuerdos institucionales.

A pesar de esa defensa, sectores críticos insisten en que el uso de estos recursos para actividades con un claro componente proselitista plantea serios dilemas éticos y jurídicos. Según argumentan, las aeronaves de la Policía están destinadas a labores oficiales o de seguridad, no a movilizar creadores de contenido afines al Ejecutivo.

La controversia se suma a las revelaciones sobre contrataciones estatales con influenciadores, quienes estarían promoviendo acciones del Gobierno en redes sociales. Aunque estas estrategias de comunicación digital son legales, su ejecución con recursos públicos y en contextos de movilización política alimenta el debate sobre la delgada línea entre comunicación institucional y propaganda.