El Senado de la República eligió al abogado Héctor Alfonso Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Cristina Pardo. Carvajal, reconocido por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, obtuvo 66 votos frente a los 26 de Karena Caselles Hernández y los 10 de Dídima Rico Chavarro. La elección se realizó a partir de una terna presentada por el propio mandatario.

Carvajal ha sido una figura clave en el entorno jurídico de Petro. Fue su abogado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso por presunta violación de topes electorales y también ha representado a otros aliados del Gobierno, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Además, se le atribuye haber facilitado encuentros entre el presidente y el expresidente Álvaro Uribe, lo que lo consolidó como un actor influyente en el Gobierno actual.

Aunque su elección era ampliamente esperada, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos por su cercanía con el jefe de Estado. Durante el debate en plenaria, senadores como Miguel Uribe expresaron su preocupación sobre la independencia del nuevo magistrado. Carvajal respondió subrayando su compromiso con la Constitución y recordando que ha trabajado con líderes de diferentes corrientes políticas.

En su discurso de aceptación, Carvajal se definió como un “demócrata y amante de la vida”, y se comprometió a mantener un diálogo abierto con todos los sectores. “Siempre tendrán una mano extendida, independientemente de que no compartamos criterios”, afirmó.

Con esta elección, Petro suma otro aliado en la Corte Constitucional. El mandatario ya había logrado la designación de Vladimir Fernández, exsecretario Jurídico de la Presidencia, como magistrado. Fernández ha sido protagonista recientemente por apoyar una tutela del presidente que busca frenar el proceso del CNE sobre los topes de financiación de su campaña, lo que ha generado nuevas controversias.

Carvajal, especialista en Derecho Administrativo y Procesal Civil, llega ahora a una de las instituciones más influyentes del país, en un momento en que la Corte deberá pronunciarse sobre decisiones clave del Ejecutivo.