El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, podrá continuar su segundo mandato sin restricciones luego de que la Procuraduría General de la Nación archivara el proceso disciplinario en su contra y dejara sin efectos la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años que había sido impuesta por presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado público del municipio.

La decisión, emitida desde el despacho del procurador Gregorio Eljach Pacheco, reconoció fallas sustanciales en el proceso, incluyendo violaciones al debido proceso y una indebida adecuación típica de la conducta atribuida a Donoso. “Después de un largo trasegar jurídico, logramos hacerle entender a la Procuraduría que ni el procedimiento ni las pruebas configuraban una conducta disciplinable”, afirmó el mandatario en entrevista con La FM.

El caso surgió por la licitación de un nuevo contrato para el alumbrado público, adjudicado entre 2016 y 2019, durante el primer periodo de Donoso en la Alcaldía. En su defensa, el alcalde argumentó que su administración tenía la facultad legal de buscar un operador distinto y mejorar el servicio, ante lo que calificó como presiones e intentos de interferencia por parte de Enel-Codensa.

“Teníamos razón. Como alcaldes, tenemos la facultad de buscar otro operador y mejorar el servicio. Ellos querían una adecuación contractual que los beneficiara directamente, sin licitación”, señaló Donoso, quien además denunció que la empresa ejerció presiones sobre el municipio y ofrecía un mal servicio sin realizar inversiones sustanciales en la región.

La sanción original no solo afectaba a Donoso, sino también al exsecretario de Obras Jorge Wilmar Torres Porras, quien fue inhabilitado por omitir su responsabilidad en la evaluación de los documentos precontractuales. Sin embargo, la nueva decisión revoca también esa interpretación al determinar que no se cumplió con la debida integración de las faltas disciplinarias.

Donoso celebró el fallo como una reivindicación de su gestión y anunció que continuará gobernando con compromiso hasta finalizar su periodo. “Nos da la razón, la oportunidad y, sobre todo, nos devuelve la tranquilidad en mi buen nombre como profesional, ciudadano y servidor público”, concluyó.

La decisión de la Procuraduría representa un giro significativo en un proceso que amenazaba con interrumpir la carrera política del alcalde, y le abre las puertas para ejercer otros cargos públicos una vez finalice su administración en el municipio.