La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente facilitar la expedición de un decreto con información falsa que habría inducido al presidente Gustavo Petro a cometer un error. La denuncia fue radicada por la ciudadana Estefanía Orozco Torres y apunta a posibles delitos como falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y fraude procesal.

El hecho que originó la denuncia ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando fue publicado el Decreto 499 de 2025 en el Diario Oficial. En él se establecía que, durante el viaje de Petro a China, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asumiría temporalmente algunas funciones presidenciales entre el 10 y el 17 de mayo. Sin embargo, horas después, el mismo presidente desmintió dicha designación en su cuenta de X y emitió un nuevo decreto, delegando el encargo en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según el documento judicial, Benedetti habría sido acreditado como miembro del movimiento político del presidente Petro mediante una certificación «ideológicamente falsa», condición indispensable para ejercer funciones presidenciales conforme a la normativa vigente. La denuncia advierte que Rodríguez, como directora del Dapre, tenía la responsabilidad de verificar la autenticidad de los documentos y la voluntad del mandatario antes de su publicación.

“El Sr. Benedetti indica que considera formar parte de Colombia Humana desde hace años, pero desconoce si existe algún registro formal de ello”, señala la denuncia, la cual también cuestiona si se están tomando decisiones a espaldas del presidente. “¿Se están dando órdenes a nombre suyo sin que él lo sepa?”, se pregunta la denunciante.

Por su parte, Benedetti explicó que lo ocurrido fue un problema administrativo relacionado con su vinculación al movimiento. “Desde octubre de 2020 le manifesté al presidente que lo apoyaría, y él me dio la bienvenida a Colombia Humana”, dijo el ministro, aunque admitió que no hay un registro oficial de su militancia.

La denuncia quedó en manos de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General, que deberá determinar si hay méritos para abrir una investigación formal por este inédito episodio que pone en entredicho la cadena de confianza y legalidad en la cúpula del Ejecutivo.