La propuesta del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular avanza en medio de una intensa polarización política en el Congreso. Aunque el Gobierno lograría la aprobación en el Senado, lo haría sin mayorías sólidas, y la bancada santandereana refleja claramente esa fractura.

Mientras el Pacto Histórico y algunos sectores del Partido Liberal y la Alianza Verde respaldan la iniciativa, otros bloques como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador ya anunciaron su voto negativo. En el caso de Santander, los senadores también están divididos, mostrando un microcosmos del debate nacional.

Gloria Flórez y Sandra Jaimes, senadoras del Pacto Histórico, confirmaron su voto positivo, al igual que Fabián Díaz (Alianza Verde), quien ya había intentado rescatar la reforma laboral —columna vertebral de la consulta— antes de que se hundiera en Comisión Séptima. Jaime Durán, del Partido Liberal, también votaría a favor.

Sin embargo, el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) anunció que votará en contra, reforzando su postura crítica frente al Gobierno, mientras Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Gustavo Moreno tampoco respaldarán la iniciativa. Pinto fue uno de los protagonistas del archivo de la reforma laboral y mantiene una posición firme de rechazo.

El panorama legislativo es de incertidumbre: según cifras de Noticias RCN, de 105 congresistas analizados, 47 votarán a favor, 46 en contra y 11 están indecisos, mientras uno se abstendría. La votación no aprueba el contenido de la consulta, sino la autorización para que se someta a decisión del pueblo, lo que refleja un choque entre la democracia representativa y la participativa.

La ausencia del presidente Petro, quien se encuentra en China, deja al ministro del Interior, Armando Benedetti, la tarea de mover las fichas en el Senado. Benedetti ya comenzó a presionar afirmando que oponerse a la consulta es negar los derechos de los trabajadores sin condiciones laborales dignas.

En caso de aprobarse, la consulta deberá pasar el examen de la Corte Constitucional. Su pregunta no podrá referirse directamente a proyectos de ley ni implicar reformas constitucionales, sino que deberá ser general y de interés nacional. Para que tenga efecto, debe votar al menos el 30 % del censo electoral y ganar el “Sí”.

Aunque algunos sectores ven esta herramienta como una forma legítima de empoderar al ciudadano, otros advierten que podría convertirse en una estrategia para extender el proyecto político del Gobierno más allá de su mandato. En medio de la división, la bancada santandereana resume las tensiones de un Congreso enfrentado.