La captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, sacudió este miércoles al Congreso colombiano. Ambos fueron detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el alto tribunal, Name y Calle habrían recibido, respectivamente, $3.000 millones y $1.000 millones de pesos como sobornos a cambio de facilitar la agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro durante el periodo 2023-2024. Los pagos ilegales habrían buscado asegurar la aprobación de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo.

Ambos congresistas, a pesar de pertenecer a partidos declarados de gobierno, asumieron posturas opuestas durante su presidencia en las corporaciones. Mientras Calle, del Partido Liberal, actuó como un aliado del petrismo en la Cámara, Name, del Partido Verde, se mostró más distante en el Senado, donde incluso frenó iniciativas clave como la reforma pensional.

El escándalo ha tenido repercusiones inmediatas. El Partido Liberal suspendió a Calle de su militancia mientras avanza la investigación, y desde la Alianza Verde, el senador Ariel Ávila pidió la expulsión inmediata de Name. Además, por tratarse de delitos relacionados con la función pública, la figura de la “silla vacía” se aplicará en ambos casos, dejando vacantes sus curules sin posibilidad de reemplazo.

La captura de los dos congresistas más influyentes del periodo 2023-2024 marca un hecho sin precedentes y plantea serios cuestionamientos sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el actual gobierno. El caso UNGRD sigue creciendo y podría salpicar a más funcionarios.