Desde el corazón del Cesar, el presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político al anunciar que “tocará” organizar una nueva marcha, esta vez con más fuerza desde el campo y la ciudad. En medio de la entrega de 1.910 hectáreas de la hacienda El Amparo a campesinos de La Gloria, el mandatario insistió en que las movilizaciones son clave para lograr los cambios estructurales que su Gobierno promueve.

Durante su intervención, Petro rechazó las críticas que califican su propuesta de consulta popular como una amenaza al Congreso y defendió la participación ciudadana en las calles. “Llegó la hora del pueblo. Acabar los cien años de soledad es acabar con la violencia, la ignorancia y la esclavitud en Colombia”, dijo, citando repetidamente esa metáfora para referirse a los males históricos del país.

El presidente aseguró que la respuesta a los bloqueos legislativos debe ser un gran “acuerdo nacional” que incluya incluso a los sectores económicos más poderosos. Sin embargo, volvió a lanzar dardos directos contra el Legislativo, al que acusó de frenar reformas como la laboral. “Si en una sesión del Senado votan para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca”, advirtió.

Sus palabras no cayeron bien entre sectores políticos, especialmente de la oposición e independientes, que interpretaron el discurso como una amenaza a la institucionalidad democrática. El Partido de La U criticó el uso de un “lenguaje confrontacional” y reprochó que se hable de cambios institucionales si el Congreso no aprueba la consulta.

Incluso el expresidente Juan Manuel Santos fue blanco de críticas. Petro lo señaló de omitir su responsabilidad en la expansión de las disidencias de las Farc y de buscar alianzas con sectores que antes se le oponían. “A Santos se le olvidó el nombre de Duque porque ahora quiere la alianza con él”, dijo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del jefe de Estado y aseguró que no hubo amenazas, sino una advertencia legítima sobre las consecuencias políticas de ignorar la voluntad popular. “El senador que vote NO a la consulta no será reelegido por el pueblo”, puntualizó.

Mientras tanto, el Ejecutivo concentra esfuerzos en impulsar el trámite de la consulta popular en la plenaria del Senado y en desplegar una estrategia nacional para movilizar a más de 13,6 millones de colombianos, si el mecanismo es aprobado. Por ahora, no hay fecha oficial para una nueva marcha, pero el mensaje presidencial es claro: la presión en las calles seguirá creciendo.